El principio de legalidad frente a la construcción ilegal de viviendas: competencias y límites jurídicos
DOI:
https://doi.org/10.61347/ei.v4i4.217Palabras clave:
Construcciones ilegales, derecho administrativo, GAD Municipal, ordenamiento territorial, principio de legalidad, vivienda dignaResumen
El objetivo de la investigación fue analizar los factores estructurales económicos, administrativos y socioculturales que influyen en la proliferación de construcciones irregulares en Ambato y evaluar la coherencia de los mecanismos municipales de control frente a las necesidades habitacionales de la población. Los hallazgos evidencian que este fenómeno no responde a decisiones individuales aisladas, sino a dinámicas complejas relacionadas con la burocracia, los costos de los trámites, los retrasos institucionales y la urgencia de acceder a una vivienda. Aunque la mayoría de los actores reconoce la importancia del ordenamiento urbano y el cumplimiento normativo, esta valoración no se traduce en prácticas efectivas. El estudio también revela una distribución fragmentada de responsabilidades entre usuarios, profesionales y autoridades municipales, lo que dificulta la implementación de soluciones coherentes. Los mecanismos de control vigentes, centrados principalmente en sanciones y demoliciones, son percibidos como insuficientes o desproporcionados y no han logrado modificar de manera significativa los patrones de incumplimiento. En contraste, los participantes muestran preferencia por estrategias preventivas, programas de socialización normativa, asistencia técnica y simplificación de procedimientos. Asimismo, el análisis de los procesos administrativos sancionadores muestra que, si bien la administración actúa conforme a la normativa, persiste una débil articulación entre la aplicación estricta de la legalidad urbanística y la garantía del derecho a una vivienda digna. En conclusión, la investigación plantea que abordar la construcción irregular requiere políticas integrales que combinen legalidad, educación, simplificación administrativa y apoyo ciudadano, superando enfoques exclusivamente punitivos y avanzando hacia soluciones que armonicen el ordenamiento territorial con las necesidades habitacionales de la población.
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