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Vol. 5 N° 2, julio-diciembre 2026 (631-645)
ISSN: 2960-8317
631
Artículo de revisión
Alcance y limitaciones de los mecanismos jurídicos de protección estatal
frente al trabajo infantil en Ecuador
Scope and limitations of legal mechanisms for state protection against child
labor in Ecuador
Camile Paulette Cornejo Barba*
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
camile.cornejo@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-6622-4381
Emily Samantha Cárdenas Mayorga
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
emily.cardenas@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-2114-994X
Nicole Micaela Mejia Dominguez
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
nicole.mejia@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-6896-6626
Fredy Roberto Hidalgo Cajo
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
fhidalgo@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6873-7250
*Correspondencia:
camile.cornejo@unach.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Cornejo, C., Cárdenas, E., Mejia, N., &
Hidalgo, F. (2026). Alcance y limitaciones de
los mecanismos jurídicos de protección
estatal frente al trabajo infantil en Ecuador.
Esprint Investigación, 5(2), 631-645.
https://doi.org/10.61347/ei.v5i2.415
Recibido: 2 de octubre de 2026
Aceptado: 4 de noviembre de 2026
Publicado: 11 de noviembre de 2026
Resumen: El trabajo infantil constituye una problemática social que vulnera los derechos
de niños, niñas y adolescentes, restringe sus oportunidades educativas y compromete su
desarrollo integral, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad. El objetivo de
la investigación fue analizar el alcance y las limitaciones de los mecanismos jurídicos de
protección estatal frente al trabajo infantil en Ecuador. Se realizó una revisión jurídica
documental, con enfoque cualitativo y alcance descriptivo-analítico, mediante el examen
de la normativa nacional, instrumentos internacionales, documentos institucionales y
publicaciones científicas. Los resultados evidenciaron la existencia de un marco jurídico
que regula la edad mínima de admisión al empleo, prohíbe las actividades laborales
peligrosas y establece competencias institucionales de inspección, control y protección.
Asimismo, se identificaron programas de atención integral, acompañamiento familiar y
restitución de derechos. No obstante, el análisis documental permitió reconocer
limitaciones relacionadas con la informalidad laboral, la cobertura territorial de las
inspecciones, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de los casos atendidos.
También se identificaron desafíos asociados con las desigualdades socioeconómicas, las
barreras educativas y las modalidades emergentes de explotación infantil en entornos
digitales. Se concluyó que el fortalecimiento de la protección estatal requiere mejorar los
procedimientos de inspección, promover la articulación institucional e integrar medidas
educativas y socioeconómicas orientadas a prevenir el trabajo infantil y garantizar la
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Palabras clave: Derechos de la infancia, explotación laboral, inspección laboral, políticas
públicas, prevención.
Abstract: Child labor constitutes a social problem that violates the rights of children and
adolescents, restricts their educational opportunities, and compromises their overall development,
particularly in contexts of poverty and inequality. The objective of this study was to analyze the
scope and limitations of legal mechanisms for state protection against child labor in Ecuador. A
documentary legal review was conducted using a qualitative approach and a descriptive-
analytical scope, through the examination of national legislation, international legal instruments,
institutional documents, and scientific publications. The findings revealed the existence of a legal
framework that regulates the minimum age for admission to employment, prohibits hazardous
work, and establishes institutional responsibilities for inspection, monitoring, and protection.
Additionally, comprehensive care programs, family support initiatives, and rights restoration
measures were identified. However, the documentary analysis revealed limitations related to
informal employment, the territorial coverage of labor inspections, interinstitutional
coordination, and follow-up procedures for identified cases. Challenges associated with
socioeconomic inequalities, educational barriers, and emerging forms of child exploitation in
digital environments were also identified. It was concluded that strengthening state protection
requires improving labor inspection procedures, promoting interinstitutional coordination, and
integrating educational and socioeconomic measures aimed at preventing child labor and
ensuring comprehensive protection of the rights of children and adolescents.
Keywords: Child labor exploitation, children's rights, labor inspection, prevention, public
policies.
Copyright: Derechos de autor 2026 Camile
Paulette Cornejo Barba, Emily Samantha
Cárdenas Mayorga, Nicole Micaela Mejia
Dominguez, Fredy Roberto Hidalgo Cajo.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
El reconocimiento de los derechos de la niñez ha evolucionado desde una concepción tradicional de tutela
y subordinación hacia un enfoque que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
Este proceso alcanzó un avance significativo con la Declaración de Ginebra de 1924, que estableció
principios fundamentales para su protección (Sociedad de Naciones, 1924). Posteriormente, la Convención
sobre los Derechos del Niño reconoció como niño a toda persona menor de 18 años, salvo que la legislación
aplicable establezca una mayoría de edad anterior (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006).
Este reconocimiento exige garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo integral, conforme al
principio del interés superior del niño (Sandoval-Escobar et al., 2024).
En este contexto, el trabajo infantil constituye una problemática que compromete el ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) lo identifica como aquellas actividades que perjudican su bienestar físico, psicológico o social, o
interfieren con su educación y desarrollo integral. Su clasificación depende de factores como la edad, la
naturaleza de las tareas, la duración de la jornada y las condiciones laborales. No obstante, determinadas
actividades domésticas o familiares apropiadas para la edad no constituyen necesariamente trabajo infantil,
siempre que respeten los límites legales y no afecten la salud, la seguridad ni la escolarización (Paredes,
2020; Organización Internacional del Trabajo, 1973).
Desde una perspectiva jurídica, el trabajo infantil presenta diversas manifestaciones cuya valoración
depende de las circunstancias y condiciones en que se desarrolla. Mientras ciertas actividades ocasionales,
permitidas por la legislación y adecuadas para la edad pueden contribuir al aprendizaje, aquellas
realizadas en condiciones perjudiciales comprometen el bienestar y desarrollo integral de los menores
(Barcos et al., 2023). En sus formas más graves, la explotación laboral comprende prácticas de esclavitud,
servidumbre, trabajo forzoso y actividades peligrosas que vulneran derechos fundamentales. Estas
situaciones requieren mecanismos específicos de prevención, fiscalización y protección estatal, conforme a
los instrumentos internacionales destinados a erradicar las peores formas de trabajo infantil (Campi &
Barrionuevo, 2026; Organización Internacional del Trabajo, 1999).
En Ecuador, el trabajo infantil constituye una problemática social relacionada con la pobreza, las
desigualdades económicas y las necesidades de sostenimiento familiar (Álvarez et al., 2021). Aunque la
legislación nacional establece los 15 años como edad mínima general para trabajar, su ejercicio está sujeto
a restricciones destinadas a proteger la salud, la educación y el desarrollo integral de los adolescentes
(Código del Trabajo, 2005; Guerrero & Parra, 2024). Esta problemática presenta características diferenciadas
según el contexto territorial, pues en las zonas urbanas se relaciona principalmente con el comercio
informal y otras actividades de subsistencia, mientras que en los sectores rurales comprende labores
agrícolas, ganaderas y otras ocupaciones que pueden implicar riesgos para la integridad de los menores
(Guerrero & Parra, 2024).
La persistencia del trabajo infantil responde también a factores sociales y culturales que trascienden las
limitaciones económicas de los hogares. En determinados sectores rurales, la participación de menores en
actividades agrícolas y unidades productivas familiares se vincula con prácticas tradicionales que pueden
normalizar su incorporación temprana al trabajo (Serrano & Cortez, 2023). A estas circunstancias se suman
la violencia intrafamiliar, las dificultades de acceso a la educación y el desconocimiento de los riesgos
asociados con la explotación laboral. Estas condiciones evidencian el carácter multidimensional del
fenómeno y la necesidad de implementar estrategias preventivas que consideren las particularidades
económicas, sociales y territoriales de las poblaciones afectadas (Morales et al., 2025).
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La magnitud de esta problemática se refleja en las cifras difundidas por El Telégrafo (2026), que, con
base en información atribuida a UNICEF, señaló que el 9,2 % de la población de entre 5 y 17 años realizaba
actividades laborales, mientras que aproximadamente cuatro de cada diez adolescentes indígenas se
encontraban en esta situación. Entre las principales ocupaciones identificadas figuraban la agricultura, la
ganadería, el comercio informal y el trabajo familiar no remunerado. Estos datos, cuya fuente estadística
primaria requiere corroboración, evidencian importantes desafíos para la protección de la niñez,
particularmente en comunidades indígenas y sectores rurales donde persisten condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica (El Telégrafo, 2026).
Frente a esta realidad, el Estado ecuatoriano dispone de un marco jurídico integrado por disposiciones
constitucionales, legislación nacional e instrumentos internacionales orientados a prevenir y erradicar el
trabajo infantil. La Constitución de la República del Ecuador (2008), el Código de la Niñez y Adolescencia
(2003) y el Código del Trabajo (2005) establecen obligaciones de protección y regulación del trabajo
adolescente. Asimismo, los convenios internacionales sobre edad mínima e inspección laboral
proporcionan criterios para la vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones (Organización
Internacional del Trabajo, 1947, 1973). Sin embargo, la existencia de este marco normativo exige examinar
su aplicación efectiva y las responsabilidades de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de
la niñez.
En este sentido, las dificultades para identificar situaciones de explotación laboral, supervisar las
actividades económicas informales y garantizar una intervención institucional oportuna plantean desafíos
para la protección estatal de niños, niñas y adolescentes. Aunque Ecuador ha desarrollado políticas y
mecanismos orientados a la erradicación progresiva del trabajo infantil, persisten interrogantes sobre su
alcance, coordinación y capacidad de respuesta frente a las distintas modalidades de esta problemática
(Barreiro & Montero, 2015; Ministerio del Trabajo del Ecuador, 2023b). Por consiguiente, resulta necesario
examinar los instrumentos jurídicos y las competencias institucionales que sustentan las acciones de
inspección, prevención y protección, considerando las limitaciones que pueden afectar su cumplimiento.
En este contexto, el objetivo de la investigación fue analizar los mecanismos jurídicos de inspección y
protección estatal frente al trabajo infantil en Ecuador, mediante la revisión de la normativa nacional e
internacional y de documentos institucionales, con el propósito de identificar sus alcances, las
competencias de los organismos responsables y las principales limitaciones de su aplicación. Este análisis
se orientó a comprender la articulación entre las disposiciones legales y las medidas institucionales
destinadas a prevenir la explotación laboral infantil, así como a identificar los desafíos jurídicos y
administrativos que inciden en la protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
2. Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance descriptivo-
analítico, mediante una revisión jurídica de los mecanismos de inspección y protección estatal frente al
trabajo infantil en Ecuador. Se emplearon los métodos de análisis jurídico, revisión documental e
interpretación normativa para examinar las disposiciones legales, las competencias institucionales y las
medidas destinadas a prevenir y atender esta problemática. El estudio se fundamentó en el análisis de
fuentes jurídicas, académicas e institucionales, sin contemplar la recopilación de datos primarios mediante
procedimientos de campo.
La recopilación de información se realizó mediante la consulta de fuentes jurídicas oficiales, entre ellas
la Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y Adolescencia,
el Código Orgánico Integral Penal y los convenios internacionales de la Organización Internacional del
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Trabajo. Asimismo, se examinaron documentos normativos, informes institucionales y protocolos de
actuación publicados por entidades gubernamentales y organismos de protección de derechos. De manera
complementaria, se revisaron artículos científicos y publicaciones periodísticas que permitieron
contextualizar las manifestaciones del trabajo infantil y las dificultades relacionadas con su prevención y
erradicación.
Para la selección de los documentos se consideraron criterios de pertinencia temática, procedencia
institucional, vinculación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano y disponibilidad de información
relacionada con los mecanismos de inspección, protección y atención del trabajo infantil. Se priorizaron las
fuentes que aportaron elementos para comprender las competencias institucionales, las obligaciones
estatales y los procedimientos establecidos para prevenir la vulneración de derechos. Asimismo, se
incorporaron instrumentos internacionales y publicaciones académicas que contribuyeron a contextualizar
el marco normativo y las condiciones que influyeron en la persistencia de esta problemática.
El análisis documental se estructuró en cuatro categorías: marco jurídico de protección, mecanismos de
inspección y control, medidas de protección estatal y limitaciones de su aplicación. La información
recopilada se examinó mediante procedimientos de descripción, interpretación normativa y comparación
documental, que permitieron identificar los alcances de las disposiciones jurídicas y las responsabilidades
de las instituciones competentes. Finalmente, se integraron los hallazgos para establecer las principales
limitaciones jurídicas e institucionales relacionadas con la prevención del trabajo infantil y la protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
3. Resultados
Marco jurídico de protección frente al trabajo infantil
El análisis documental permitió identificar un conjunto de instrumentos internacionales que
establecieron estándares de protección frente al trabajo infantil y definieron obligaciones para los
Estados. Estas disposiciones abordaron la edad mínima de admisión al empleo, la prohibición de
actividades peligrosas, la prevención de la explotación económica y la garantía de los derechos
fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se identificaron instrumentos relacionados
con la inspección laboral, la prevención del trabajo forzoso y la protección de las víctimas de
explotación. La tabla 1 sintetiza los principales instrumentos internacionales examinados, sus
disposiciones relevantes y su vinculación con los mecanismos jurídicos de protección estatal.
Tabla 1
Normativa e instrumentos internacionales relacionados con el trabajo infantil
Instrumento internacional
Artículos o disposiciones
relevantes
Relación con el tema
Convención sobre los Derechos del Niño
(Naciones Unidas, 1989)
Arts. 3, 19, 28, 32 y 34–36
Reconoce la protección frente a la
explotación económica, los trabajos
peligrosos y las actividades que afectan la
educación y el desarrollo integral.
Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima
(Organización Internacional del Trabajo, 1973)
Arts. 1–3, 7 y 9
Establece obligaciones relacionadas con
la edad mínima de admisión al empleo y
las medidas para garantizar su
cumplimiento. Ratificado por Ecuador.
Convenio 182 de la OIT sobre las peores
formas de trabajo infantil (Organización
Internacional del Trabajo, 1999)
Arts. 1–7
Exige adoptar medidas inmediatas para
prohibir y eliminar las peores formas de
trabajo infantil. Ratificado por Ecuador.
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Convenio 81 de la OIT sobre la inspección del
trabajo (Organización Internacional del
Trabajo, 1947)
Arts. 3, 12–18 y 21
Establece funciones, facultades y
obligaciones de los sistemas de
inspección laboral. Ratificado por
Ecuador.
Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso
(Organización Internacional del Trabajo, 1930)
Arts. 1–2 y disposiciones
complementarias
Establece obligaciones para suprimir el
trabajo forzoso, incluidas las situaciones
de explotación que afectan a menores de
edad. Ratificado por Ecuador.
Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del
trabajo forzoso (Organización Internacional
del Trabajo, 1957)
Arts. 1–2
Refuerza la prohibición de determinadas
modalidades de trabajo forzoso.
Ratificado por Ecuador.
Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras
y los trabajadores domésticos (Organización
Internacional del Trabajo, 2011)
Art. 4
Establece disposiciones sobre la edad
mínima y la protección de trabajadores
domésticos menores de 18 años.
Ratificado por Ecuador.
Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Organización de los Estados
Americanos, 1969)
Arts. 5, 6 y 19
Reconoce los derechos a la integridad
personal, la prohibición de la esclavitud y
servidumbre, y la protección especial de
la niñez.
Protocolo de San Salvador (Organización de
los Estados Americanos, 1988)
Art. 7, literal f, y art. 16
Establece disposiciones relacionadas con
la protección de menores frente al trabajo
peligroso o nocturno y garantiza el
derecho a la educación.
Protocolo de Palermo sobre trata de personas
(Naciones Unidas, 2000b)
Arts. 3, 5, 6 y 9
Contempla medidas destinadas a
prevenir la trata de personas, sancionar a
sus responsables y proteger a las
víctimas, incluidos los menores
explotados laboralmente.
Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, prostitución infantil y pornografía
infantil (Naciones Unidas, 2000a)
Arts. 1–3 y disposiciones
complementarias
Refuerza la protección frente a
determinadas formas graves de
explotación infantil.
Nota. Elaboración propia a partir de los instrumentos internacionales examinados.
Los instrumentos internacionales examinados evidenciaron que la protección frente al trabajo infantil
se fundamentó en obligaciones relacionadas con la prevención de la explotación económica, la garantía
educativa y la protección del desarrollo integral. La Convención sobre los Derechos del Niño estableció
principios generales de protección, mientras que los convenios 138 y 182 de la OIT definieron
obligaciones específicas sobre la edad mínima y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Estos instrumentos configuraron un marco de referencia para la regulación nacional y el
establecimiento de medidas orientadas a prevenir situaciones de vulneración de derechos.
En relación con los mecanismos de vigilancia, el Convenio 81 de la OIT estableció atribuciones para
supervisar el cumplimiento de la legislación laboral mediante procedimientos de inspección. Por su
parte, los convenios 29 y 105 reforzaron las obligaciones estatales frente al trabajo forzoso, mientras
que los instrumentos interamericanos incorporaron garantías vinculadas con la integridad personal y
la protección especial de la niñez. En conjunto, estas disposiciones permitieron identificar tres
componentes jurídicos fundamentales: la prevención de actividades laborales prohibidas, la vigilancia
del cumplimiento normativo y la adopción de medidas de protección frente a situaciones de
explotación infantil.
En el ámbito nacional, la revisión permitió identificar disposiciones constitucionales, legales y
administrativas que regularon la prevención del trabajo infantil y la protección de los derechos de
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niños, niñas y adolescentes. Estas normas establecieron restricciones relacionadas con la edad mínima
de admisión al empleo, las condiciones del trabajo adolescente permitido y las actividades laborales
prohibidas. Asimismo, se identificaron instrumentos que regularon las competencias institucionales,
los procedimientos de inspección y las medidas administrativas de protección. La tabla 2 presenta las
principales normas jurídicas ecuatorianas examinadas y su relación con los mecanismos de vigilancia,
control y protección estatal.
Tabla 2
Normativa jurídica nacional sobre trabajo infantil en Ecuador
Norma jurídica
Artículos o disposiciones
relevantes
Relación con el tema
Constitución de la República del
Ecuador (2008)
Arts. 35, 44, 45, 46, numeral 2, y
326
Reconoce la protección prioritaria de niños,
niñas y adolescentes, prohíbe el trabajo de
menores de 15 años y establece la erradicación
progresiva del trabajo infantil.
Código de la Niñez y Adolescencia
(2003)
Arts. 81–95
Regula la protección frente a la explotación
laboral, la edad mínima, las jornadas
permitidas, los trabajos prohibidos y las
medidas de protección.
Código del Trabajo (2005)
Arts. 134–151 y disposiciones
complementarias
Establece condiciones y restricciones para el
trabajo adolescente, obligaciones de los
empleadores y mecanismos de inspección
laboral.
Código Orgánico Integral Penal
(2014)
Art. 91 y disposiciones
aplicables según la conducta
Tipifica la trata de personas con fines de
explotación y otras conductas penalmente
relevantes. No todo trabajo infantil constituye
automáticamente un delito de trata.
Ley Orgánica de Educación
Intercultural (2011)
Disposiciones sobre el derecho a
la educación y la permanencia
escolar
Sustenta medidas de prevención mediante la
garantía del acceso, la continuidad educativa y
la protección de los estudiantes.
Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural
(Presidencia de la República del
Ecuador, 2023)
Disposiciones sobre
permanencia educativa y
protección estudiantil
Complementa los mecanismos institucionales
de prevención del abandono escolar y atención
de vulneraciones de derechos.
Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y
Descentralización (2010)
Disposiciones sobre sistemas
cantonales de protección de
derechos
Establece competencias relacionadas con la
organización y el funcionamiento de los
sistemas locales de protección.
Ley Orgánica de los Consejos
Nacionales para la Igualdad (2014)
Disposiciones sobre
formulación, observancia,
seguimiento y evaluación de
políticas públicas
Sustenta la actuación institucional relacionada
con las políticas de igualdad y protección de
derechos.
Acuerdo Ministerial MDT-2023-140
(Ministerio del Trabajo del Ecuador,
2023b)
Normas sobre control de
obligaciones del empleador y
procedimientos de inspección
Regula procedimientos de inspección laboral e
incluye actuaciones focalizadas para verificar
derechos de grupos de atención prioritaria.
Acuerdo Ministerial MDT-2023-112
(Ministerio del Trabajo del Ecuador,
2023a)
Reforma al Estatuto Orgánico
del Ministerio del Trabajo
Establece disposiciones de organización
institucional vinculadas con el ejercicio de
competencias administrativas.
Nota. Elaboración propia a partir de la normativa ecuatoriana examinada. Las disposiciones deben interpretarse conforme a sus reformas y
vigencia aplicables al período de estudio.
El análisis de la normativa ecuatoriana permitió identificar que la Constitución de la República, el
Código de la Niñez y Adolescencia y el Código del Trabajo constituyeron los principales instrumentos
de regulación y protección frente al trabajo infantil. Estas disposiciones establecieron obligaciones
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relacionadas con la edad mínima de admisión al empleo, las condiciones del trabajo adolescente y la
prohibición de actividades perjudiciales para su desarrollo integral. Asimismo, contemplaron
responsabilidades institucionales para supervisar el cumplimiento de la normativa y adoptar medidas
frente a posibles vulneraciones de derechos, diferenciando las actuaciones laborales de los
procedimientos administrativos de protección.
De manera complementaria, el Código Orgánico Integral Penal estableció consecuencias jurídicas
para determinadas conductas de explotación que reunieran los elementos de los delitos tipificados. La
normativa educativa incorporó disposiciones relacionadas con el acceso y la permanencia escolar,
mientras que la legislación territorial sustentó la organización de los sistemas locales de protección de
derechos. Por su parte, el Acuerdo Ministerial MDT-2023-140 reguló los procedimientos
administrativos de inspección laboral, incluidas las inspecciones focalizadas sobre derechos de grupos
de atención prioritaria. Esta articulación normativa permitió distinguir mecanismos de prevención,
fiscalización, protección administrativa y respuesta penal, según las competencias de cada autoridad.
Mecanismos de inspección, control y erradicación del trabajo infantil
La revisión de los documentos institucionales permitió identificar la participación de diversas
entidades estatales en la prevención, inspección y protección frente al trabajo infantil. El Ministerio del
Trabajo fue identificado como la entidad competente para supervisar el cumplimiento de las
obligaciones laborales mediante procedimientos de inspección y control administrativo. En el ámbito
territorial, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos ejercieron competencias relacionadas con
la adopción y el seguimiento de medidas administrativas de protección, mientras que los Consejos
Cantonales intervinieron en la formulación, observancia y evaluación de políticas públicas locales.
Estas atribuciones evidenciaron la existencia de funciones institucionales diferenciadas dentro del
sistema de protección de derechos (Ministerio del Trabajo del Ecuador, 2023b).
En el ámbito social, los documentos examinados identificaron programas de atención destinados a la
prevención del trabajo infantil, el acompañamiento familiar y la restitución de derechos. Estas
intervenciones comprendieron servicios de apoyo educativo, orientación psicosocial y seguimiento de
niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad (Ministerio de Inclusión Económica y
Social, 2023). Por su parte, el Ministerio de Educación estableció procedimientos para la identificación y
atención de situaciones de trabajo infantil que pudieran comprometer la permanencia escolar. La
intervención de estas entidades permitió reconocer mecanismos complementarios a la inspección laboral,
orientados a abordar las condiciones familiares, educativas y sociales relacionadas con esta problemática.
La revisión también permitió diferenciar las funciones de protección administrativa de aquellas
correspondientes a la investigación y sanción penal. La Defensoría del Pueblo ejerció atribuciones de
vigilancia y promoción de derechos humanos, mientras que la Fiscalía General del Estado intervino en
la investigación de conductas presuntamente delictivas, como la trata de personas con fines de
explotación. Asimismo, las unidades especializadas de la Policía Nacional participaron en actuaciones
relacionadas con la protección e investigación, dentro de sus respectivas competencias. Los órganos
judiciales conocieron los asuntos sometidos a su jurisdicción y adoptaron las decisiones
correspondientes conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano.
En conjunto, los mecanismos institucionales examinados permitieron identificar tres ámbitos de
actuación: inspección y control del cumplimiento de la legislación laboral, protección administrativa y
social de los menores afectados, e investigación de posibles conductas delictivas. Estas funciones
correspondieron a entidades con competencias específicas y procedimientos diferenciados, cuya
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intervención podía resultar complementaria según las características de cada caso. El análisis evidenció
que la respuesta jurídica frente al trabajo infantil no se limitó a la fiscalización de las relaciones laborales,
sino que comprendió actuaciones relacionadas con la protección integral y la restitución de derechos.
Iniciativas para la erradicación del trabajo infantil
El análisis de los documentos institucionales permitió identificar iniciativas orientadas a prevenir la
incorporación temprana de menores a actividades laborales perjudiciales y favorecer su
desvinculación. Entre ellas destacó el Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, desarrollado por el
entonces Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya normativa técnica contempló la
identificación de casos, el acompañamiento familiar y la atención integral de niños, niñas y
adolescentes. Su modelo de intervención incorporó acciones de apoyo psicosocial, vinculación
educativa y seguimiento familiar, con el propósito de contribuir a la restitución de derechos y reducir
los riesgos de reincorporación al trabajo infantil (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2023).
Otra iniciativa identificada correspondió a los Centros de Erradicación del Trabajo Infantil, mediante
los cuales se desarrollaron actividades de cuidado, alimentación, apoyo escolar y acompañamiento
social. Estas intervenciones se implementaron mediante mecanismos de cooperación entre instituciones
públicas y organizaciones locales, de acuerdo con las necesidades de los territorios atendidos (Quito
Informa, 2024). Asimismo, se identificaron experiencias de atención en Guayaquil, vinculadas con la
habilitación de espacios de protección y acompañamiento dirigidos a menores en situación de
vulnerabilidad (Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, 2026). Estas acciones representaron
mecanismos sociales complementarios a los procedimientos jurídicos de inspección y control laboral.
En la provincia de Chimborazo, la documentación institucional examinada registró la ejecución de
convenios orientados a prevenir y erradicar el trabajo infantil mediante servicios de atención y
acompañamiento familiar (Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, 2025). Por su parte, en la
región amazónica se identificaron iniciativas dirigidas a menores expuestos a actividades laborales que
podían comprometer su desarrollo integral, entre ellas las desarrolladas en La Joya de los Sachas
(Casigap, 2021). Estas experiencias evidenciaron la incorporación de mecanismos territoriales de
prevención y protección, cuya implementación respondió a las características sociales y económicas de
las comunidades atendidas.
En el ámbito municipal, se identificó el programa Guardianes de la Niñez, desarrollado por el
Municipio de Quito para ofrecer espacios de cuidado y atención a menores expuestos a situaciones de
vulnerabilidad. Entre sus servicios se reportaron alimentación, acompañamiento educativo,
actividades recreativas y apoyo psicosocial, especialmente para niños cuyos familiares desarrollaban
actividades económicas en horarios nocturnos (Quito Informa, 2025). Estas intervenciones permitieron
reconocer medidas preventivas destinadas a reducir la exposición de los menores a situaciones de
riesgo. Sin embargo, la documentación consultada no permitió establecer de manera uniforme la
eficacia de todos los programas, debido a la ausencia de indicadores comparables sobre cobertura,
desvinculación y seguimiento.
Limitaciones de los mecanismos de inspección y protección estatal
La revisión documental permitió identificar limitaciones relacionadas con las características de las
actividades económicas en las que se manifestó el trabajo infantil. La informalidad laboral constituyó
una dificultad relevante, debido a que determinadas actividades se desarrollaron en mercados,
espacios públicos, pequeños establecimientos y entornos familiares, donde la identificación de
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responsables y la verificación de las condiciones laborales podían resultar complejas (Álvarez et al.,
2021). Estas circunstancias plantearon dificultades para la aplicación de procedimientos tradicionales
de inspección, especialmente en actividades económicas de carácter temporal o desarrolladas fuera de
establecimientos formalmente registrados (Campi & Barrionuevo, 2026).
También se identificaron factores familiares, culturales y educativos que condicionaron la
prevención del trabajo infantil. En determinados sectores rurales, la participación temprana de
menores en actividades productivas estuvo relacionada con prácticas familiares y condiciones
económicas que favorecieron su normalización (Morales et al., 2025). Asimismo, las dificultades de
acceso a servicios educativos y las necesidades de sostenimiento familiar representaron factores
asociados con la continuidad de estas actividades. No obstante, el análisis permitió distinguir las tareas
familiares permitidas de aquellas que vulneraron los derechos de los menores por sus condiciones,
duración o interferencia con la educación (Sandoval-Escobar et al., 2024).
Desde la perspectiva institucional, Barreiro y Montero (2015) identificaron dificultades relacionadas
con la coordinación entre entidades públicas, la definición de prioridades y la adaptación territorial de
las políticas de erradicación del trabajo infantil. Su investigación señaló limitaciones en la continuidad
del seguimiento y en la disponibilidad de alternativas socioeconómicas para las familias afectadas.
Estos hallazgos permitieron reconocer que las actuaciones de inspección y desvinculación laboral
requerían medidas complementarias de protección social. Sin embargo, debido al período de
publicación de este estudio, sus resultados se interpretaron como antecedentes de las dificultades
institucionales y no como evidencia suficiente de su permanencia en la actualidad.
Las limitaciones de seguimiento también se relacionaron con la disponibilidad de información sobre
los resultados de las intervenciones estatales. López Ruiz y Santillán Montenegro (2025) señalaron que,
durante 2022, el MIES reportó la desvinculación de 3588 menores del trabajo infantil, dentro de un total
de 11 960 niños, niñas y adolescentes atendidos. No obstante, estos datos no permitieron establecer por
sí solos la continuidad educativa, la permanencia de la desvinculación ni la posible reincorporación a
actividades laborales. La ausencia de indicadores desagregados y comparables representó una
dificultad para valorar los resultados de las intervenciones y su alcance en poblaciones específicas.
Se identificaron desafíos relacionados con modalidades emergentes de participación económica
infantil, especialmente aquellas desarrolladas en entornos digitales y mediante plataformas de
comunicación. Miño (2026) señaló las dificultades de los mecanismos institucionales para responder a
manifestaciones de trabajo infantil que trascienden las formas tradicionales de supervisión laboral.
Estas transformaciones plantearon interrogantes sobre los criterios utilizados para identificar
actividades económicas perjudiciales y determinar las responsabilidades correspondientes. En
consecuencia, el análisis permitió reconocer la necesidad de examinar la adecuación de los
instrumentos jurídicos y administrativos frente a nuevas formas de explotación, sin considerar
automáticamente toda participación digital de menores como trabajo infantil.
4. Discusión
La revisión documental evidenció que Ecuador cuenta con un marco jurídico nacional e internacional
que establece obligaciones para prevenir, controlar y erradicar el trabajo infantil. No obstante, los
resultados permitieron identificar una diferencia entre el reconocimiento normativo de los derechos y
las dificultades para garantizar su cumplimiento efectivo. Este hallazgo coincide con Barcos et al. (2023),
quienes señalaron que, pese a los avances legislativos, persisten limitaciones en la vigilancia y protección
de niños, niñas y adolescentes. Por consiguiente, la eficacia de la normativa no depende únicamente de
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su existencia, sino también de la capacidad institucional para detectar infracciones, ejecutar inspecciones
y garantizar medidas de protección oportunas, especialmente en actividades económicas informales.
Desde una perspectiva socioeconómica, los hallazgos demostraron que la inspección laboral
constituye un instrumento fundamental de control, aunque su alcance resulta limitado cuando no se
abordan los factores que favorecen la incorporación temprana de menores al trabajo. Guerrero y Parra
(2024) identificaron la pobreza y las dificultades económicas familiares como condiciones asociadas con
esta problemática. En concordancia, la presente revisión permitió reconocer que las medidas
sancionatorias requieren articularse con políticas de protección social, apoyo económico y
fortalecimiento de las oportunidades laborales de los adultos. De esta manera, la desvinculación del
trabajo infantil podría tener resultados poco sostenibles si permanecen las condiciones económicas que
originaron la participación laboral de los menores.
Esta relación adquirió mayor relevancia al considerar las consecuencias educativas y sociales del
trabajo infantil. Morales et al. (2025) señalaron que la incorporación temprana a actividades laborales
puede comprometer la continuidad escolar y limitar las oportunidades de desarrollo durante la vida
adulta. Estos planteamientos permiten interpretar el trabajo infantil como una problemática que no solo
responde a condiciones de pobreza, sino que también puede contribuir a su reproducción
intergeneracional. En consecuencia, las medidas de protección estatal deberían incorporar estrategias
orientadas a garantizar la permanencia educativa, prevenir el abandono escolar y fortalecer las
condiciones socioeconómicas familiares. Este enfoque permitiría abordar simultáneamente las causas
estructurales del fenómeno y sus consecuencias sobre el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes.
En cuanto a las políticas de protección estatal, los resultados identificaron iniciativas de atención
integral, entre ellas el Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, los centros especializados y los
programas municipales de protección. Estas intervenciones evidenciaron que la respuesta institucional
incorporó mecanismos de acompañamiento educativo, atención psicosocial y apoyo familiar,
complementarios a la inspección laboral. Al respecto, Barreiro y Montero (2015) destacaron la
importancia de ampliar la cobertura educativa y reducir las barreras económicas que dificultan el acceso
a la educación. Sin embargo, la identificación de estos programas no permitió establecer su eficacia de
manera concluyente, debido a la insuficiencia de indicadores comparables sobre desvinculación
sostenida, seguimiento familiar y reincorporación al trabajo infantil.
Respecto a las limitaciones institucionales, los resultados evidenciaron que la informalidad
económica, la dispersión territorial y las actividades productivas familiares plantean dificultades
específicas para la identificación y supervisión del trabajo infantil. Estas condiciones coinciden con las
observaciones de Campi y Barrionuevo (2026), quienes examinaron los desafíos de la protección jurídica
frente a la explotación laboral infantil en Ecuador. En este escenario, resulta relevante fortalecer la
articulación entre el Ministerio del Trabajo, los organismos de protección de derechos, las instituciones
educativas y los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, la planificación de intervenciones
diferenciadas para los contextos urbanos y rurales podría favorecer la detección temprana, la derivación
institucional y el seguimiento de los casos identificados.
Otra dificultad identificada correspondió a la disponibilidad limitada de información desagregada
que permita evaluar la continuidad y los resultados de las intervenciones estatales. López Ruiz y
Santillán Montenegro (2025) señalaron dificultades para identificar las condiciones particulares de niños,
niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, especialmente en relación con el acceso a
mecanismos de protección. Este hallazgo permite reconocer que los registros de atención o
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desvinculación laboral, considerados de manera aislada, no constituyen evidencia suficiente sobre la
restitución efectiva de derechos. Por tanto, resultaría pertinente incorporar indicadores de permanencia
escolar, reincorporación laboral y seguimiento familiar, con el propósito de valorar el alcance de las
medidas implementadas y orientar futuras decisiones institucionales.
Las transformaciones de las actividades económicas plantearon desafíos adicionales para la
interpretación y aplicación de los mecanismos tradicionales de inspección laboral. Miño (2026) advirtió
sobre las dificultades de los marcos institucionales para responder a nuevas manifestaciones del trabajo
infantil, particularmente aquellas vinculadas con entornos digitales y actividades económicas
transfronterizas. En este sentido, la participación de menores en actividades comerciales mediante
plataformas digitales requiere una valoración jurídica que considere la edad, las condiciones de
participación, la finalidad económica y los posibles efectos sobre su bienestar y educación. Estos
hallazgos sugieren la conveniencia de examinar la suficiencia de los procedimientos administrativos
vigentes frente a modalidades emergentes de explotación, evitando equiparar automáticamente toda
actividad digital remunerada con trabajo infantil.
En conjunto, la discusión permitió establecer que el principal desafío de la protección jurídica frente
al trabajo infantil en Ecuador radica en la aplicación efectiva y articulada de los mecanismos normativos
e institucionales existentes. Aunque la legislación contempla obligaciones de prevención, inspección y
protección, su cumplimiento requiere coordinación interinstitucional, cobertura territorial y seguimiento
de los casos atendidos. Asimismo, la naturaleza documental de la investigación limitó la posibilidad de
determinar directamente la eficacia de las inspecciones y de los programas estatales, debido a que no se
recopilaron datos primarios ni se evaluaron sus resultados mediante indicadores de desempeño. Por ello,
los hallazgos deben interpretarse como una valoración jurídico-documental de los mecanismos de
protección y sus desafíos de aplicación.
5. Conclusiones
La investigación permitió establecer que los mecanismos jurídicos de protección estatal frente al trabajo infantil
en Ecuador comprenden un marco normativo que regula la prevención, inspección, control y sanción de las
actividades laborales prohibidas, así como la adopción de medidas para la restitución de derechos. Estas
disposiciones definen competencias institucionales y sustentan programas de atención integral y
acompañamiento familiar. Sin embargo, se identificaron dificultades para su aplicación en sectores económicos
informales, entornos familiares y zonas rurales, donde las características de las actividades productivas
dificultan la detección de vulneraciones y la intervención oportuna de las autoridades competentes.
Las principales limitaciones identificadas se relacionaron con la cobertura territorial de las
inspecciones, la coordinación interinstitucional, la disponibilidad de información y la continuidad del
seguimiento de los menores desvinculados de actividades laborales perjudiciales. A estas dificultades
se sumaron factores económicos, educativos y culturales que favorecen la persistencia del trabajo
infantil. En consecuencia, se determinó que los mecanismos de inspección y sanción requieren
complementarse con estrategias de protección social, fortalecimiento familiar y permanencia
educativa, debido a que la intervención exclusivamente jurídica no permite abordar de manera integral
las condiciones que originan esta problemática.
Finalmente, se concluyó que el principal desafío de la protección estatal radica en fortalecer la
aplicación coordinada de los mecanismos jurídicos existentes, considerando las particularidades
territoriales y las modalidades emergentes de explotación infantil, incluidas aquellas desarrolladas en
entornos digitales. En este sentido, resulta pertinente mejorar los procedimientos de inspección, la
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articulación institucional y los mecanismos de seguimiento para favorecer una protección integral y
sostenida. No obstante, debido al carácter jurídico-documental de la investigación, los hallazgos
permitieron identificar alcances normativos y limitaciones de aplicación, sin determinar
empíricamente la eficacia de las inspecciones ni de los programas estatales examinados.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Camile Paulette Cornejo Barba: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Emily Samantha Cárdenas Mayorga: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis
formal, investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original,
redacción - revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Nicole Micaela Mejia Dominguez: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis
formal, investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original,
redacción - revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
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investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.