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ISSN: 2960-8317
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Artículo de revisión
La prueba digital en la investigación de delitos contra la
administración pública
Digital evidence in the investigation of crimes against public administration
Alex Paúl Martínez Once*
Universidad Bolivariana del Ecuador
Riobamba - Ecuador
a_p_m11_@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0000-2418-3487
Hillary Patricia Herrera Avilés
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
hillary.herrera@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-1514-2247
Juan Fernando Tapia Sanchez
Función Judicial
Riobamba - Ecuador
juan.tapias@funcionjudicial.gob.ec
https://orcid.org/0009-0006-8582-0762
*Correspondencia:
a_p_m11_@hotmail.com
Cómo citar este artículo:
Martínez, A., Herrera, H., & Tapia, J. (2026).
La prueba digital en la investigación de
delitos contra la administración pública.
Esprint Investigación, 5(2), 94-107.
https://doi.org/10.61347/ei.v5i2.352
Recibido: 1 de junio de 2026
Aceptado: 9 de julio de 2026
Publicado: 17 de julio de 2026
Resumen: La incorporación de la tecnología en las actividades sociales, institucionales y
jurídicas ha transformado los mecanismos mediante los cuales se generan, almacenan y
utilizan los datos, convirtiendo la información digital en un elemento relevante dentro de los
procesos judiciales. En este contexto, la prueba digital se ha consolidado como un elemento
probatorio fundamental para la investigación y acreditación de hechos delictivos, incluidos
aquellos relacionados con la administración pública. El presente estudio tuvo como objetivo
analizar la relevancia jurídica y probatoria de la prueba digital en la investigación de delitos
contra la administración pública mediante una revisión documental de enfoque jurídico y
cualitativo, orientada a examinar las principales conductas delictivas, las fuentes de evidencia
digital y el marco normativo aplicable en Ecuador. Los resultados evidencian que delitos como
peculado, cohecho, concusión, prevaricato y enriquecimiento ilícito generan rastros digitales
susceptibles de análisis mediante correos electrónicos, comunicaciones electrónicas, registros
institucionales, documentos digitales y otros recursos tecnológicos. Sin embargo, la eficacia
probatoria de estos elementos depende de garantizar su autenticidad, integridad, trazabilidad
y adecuada cadena de custodia durante las etapas de obtención, preservación y valoración. El
análisis normativo demuestra que Ecuador cuenta con disposiciones constitucionales, legales
y técnicas que permiten sustentar el uso de evidencia digital; no obstante, persisten desafíos
relacionados con la ausencia de procedimientos específicos y uniformes para su tratamiento.
Se concluye que la prueba digital constituye una herramienta indispensable en la investigación
de delitos contra la administración pública, siempre que su aplicación combine criterios
jurídicos y técnicos que aseguren su confiabilidad y respeto a las garantías procesales.
Palabras clave: Cadena de custodia, corrupción pública, evidencia electrónica, justicia penal,
transparencia institucional.
Abstract: The incorporation of technology into social, institutional, and legal activities has
transformed the mechanisms through which data are generated, stored, and used, making digital
information a relevant element within judicial proceedings. In this context, digital evidence has become
a fundamental evidentiary element for the investigation and substantiation of criminal acts, including
those related to public administration. This study aimed to analyze the legal and evidentiary relevance
of digital evidence in the investigation of crimes against public administration through a documentary
review with a legal and qualitative approach, focused on examining the main criminal offenses, the
sources of digital evidence, and the applicable regulatory framework in Ecuador. The results show that
crimes such as embezzlement, bribery, extortion by public officials, judicial misconduct, and illicit
enrichment generate digital traces that can be analyzed through emails, electronic communications,
institutional records, digital documents, and other technological resources. However, the evidentiary
effectiveness of these elements depends on ensuring their authenticity, integrity, traceability, and
proper chain of custody throughout the stages of collection, preservation, and assessment. The
regulatory analysis demonstrates that Ecuador has constitutional, legal, and technical provisions that
support the use of digital evidence; nevertheless, challenges remain regarding the absence of specific
and uniform procedures for its handling. It is concluded that digital evidence constitutes an essential
tool in the investigation of crimes against public administration, provided that its application integrates
legal and technical criteria that ensure its reliability and respect for procedural guarantees.
Keywords: Chain of custody, criminal justice, electronic evidence, institutional transparency, public
corruption.
Copyright: Derechos de autor 2026 Alex
Paúl Martínez Once,
Hillary Patricia
Herrera Avilés,
Juan Fernando Tapia
Sanchez.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
Los servidores públicos, en el ejercicio de las atribuciones y competencias conferidas por el
ordenamiento jurídico, están sujetos a diferentes tipos de responsabilidades cuando sus actuaciones se
apartan de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Estas conductas pueden generar
consecuencias de naturaleza fiscal, penal, administrativa-disciplinaria y civil, dependiendo de la
gravedad del incumplimiento y del perjuicio ocasionado (Ortega, 2020). En este marco, los mecanismos
de control institucional, transparencia y rendición de cuentas adquieren especial relevancia para
prevenir irregularidades y garantizar una gestión pública orientada al interés colectivo, conforme a los
principios establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002) y el Código
Orgánico Administrativo [COA] (2017).
En este contexto, los delitos contra la administración pública representan una problemática de
especial relevancia, debido a que afectan la transparencia institucional, debilitan la confianza
ciudadana y generan impactos negativos en la gestión estatal y el desarrollo económico (Risco &
Herrera, 2025). Por ello, los sistemas de control público y acceso a la información constituyen
herramientas esenciales para fortalecer la vigilancia ciudadana y la prevención de prácticas contrarias
a la integridad administrativa (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
[LOTAIP], 2004).
Dentro del proceso judicial, la prueba constituye un elemento esencial para demostrar la existencia
de hechos jurídicamente relevantes y proporcionar al juzgador fundamentos objetivos para la toma de
decisiones. Su eficacia depende del cumplimiento de principios relacionados con la legalidad,
pertinencia, admisibilidad y respeto al debido proceso, garantizando el derecho a la defensa de las
partes involucradas. Sin embargo, la evolución tecnológica ha transformado las formas tradicionales
de producción probatoria, incorporando nuevas fuentes digitales que plantean desafíos respecto a su
autenticidad, integridad y valoración jurídica (Iglesias et al., 2025).
El desarrollo tecnológico ha ampliado las fuentes de obtención de información mediante
dispositivos electrónicos, plataformas digitales, sistemas informáticos, correos electrónicos, registros
audiovisuales y bases de datos, cuyos contenidos pueden adquirir relevancia probatoria dentro de
investigaciones penales. En este escenario, la evidencia digital se ha convertido en un elemento
frecuente dentro de los procesos judiciales, debido a que permite identificar responsables, reconstruir
hechos y sustentar acusaciones. Según Miller (2022), su utilización requiere procedimientos
especializados debido a la volatilidad de la información, la posibilidad de alteración y la complejidad
técnica asociada a su tratamiento.
Los delitos tradicionales, incluidos aquellos relacionados con corrupción pública, generan con
mayor frecuencia rastros digitales que pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Comunicaciones electrónicas, registros de sistemas institucionales, documentos digitales y
transacciones electrónicas pueden constituir elementos determinantes para demostrar conductas
ilícitas. No obstante, su valor probatorio depende de procesos adecuados de identificación,
preservación, análisis y valoración dentro del procedimiento penal (Llugsha et al., 2025).
La incorporación de tecnologías en la administración de justicia ha generado la necesidad de
actualizar los mecanismos de investigación penal para responder frente a modalidades delictivas cada
vez más complejas. La prueba digital adquiere relevancia tanto en delitos cometidos mediante
tecnologías de la información como en conductas ilícitas tradicionales, donde los registros electrónicos
permiten fortalecer la identificación de responsables y la acreditación de los hechos investigados
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(Martínez, 2023). En particular, dentro de los delitos contra la administración pública, los registros
digitales asociados a sistemas institucionales, comunicaciones electrónicas y documentos
administrativos pueden contribuir al esclarecimiento de actuaciones irregulares y procesos sujetos a
investigación.
No obstante, aunque la prueba digital representa una herramienta estratégica para la investigación
de actos de corrupción, su incorporación dentro del sistema judicial plantea retos relacionados con la
obtención lícita de información, protección de derechos fundamentales, autenticidad de los datos,
cadena de custodia y criterios de valoración probatoria. Desde una perspectiva técnica, la confiabilidad
de esta evidencia requiere procedimientos estandarizados de identificación, adquisición, recopilación
y preservación, como los establecidos en la norma ISO/IEC 27037:2012 (International Organization for
Standardization & International Electrotechnical Commission, 2012).
Estos desafíos evidencian la necesidad de establecer criterios jurídicos y técnicos que permitan
garantizar la confiabilidad de la evidencia digital dentro de los procesos penales. La articulación entre
normas de transparencia, control administrativo, protección de derechos y estándares técnicos resulta
fundamental para asegurar que la evidencia electrónica pueda ser utilizada como elemento probatorio
válido.
En este sentido, el presente estudio se justifica por la importancia de comprender el papel de la
prueba digital como mecanismo de apoyo en la investigación de delitos contra la administración
pública, considerando los desafíos asociados a su tratamiento jurídico y técnico. Por ello, el objetivo de
esta investigación es analizar la relevancia jurídica y probatoria de la prueba digital en la investigación
de delitos contra la administración pública en Ecuador, mediante una revisión documental jurídica y
científica orientada a identificar sus principales fuentes, tipos, requisitos de validez y marco normativo
aplicable.
2. Metodología
El estudio correspondió a una revisión documental de enfoque jurídico y cualitativo, orientada al
análisis e interpretación de literatura científica, normativa y doctrinal relacionada con la prueba digital
dentro de la investigación de delitos contra la administración pública. La investigación se fundamentó
en la revisión de fuentes bibliográficas, artículos científicos, cuerpos normativos nacionales e
instrumentos internacionales, los cuales fueron seleccionados y examinados con el propósito de
identificar los principales elementos jurídicos que sustentan la incorporación, valoración y utilidad de
la evidencia digital en los procesos penales.
El análisis documental permitió examinar tres ejes principales: en primer lugar, los delitos contra la
administración pública y la necesidad de evidencia digital, considerando la importancia de los
registros electrónicos para identificar, demostrar y vincular conductas relacionadas con actos de
corrupción; en segundo lugar, las fuentes y modalidades de evidencia digital descritas en
investigaciones jurídicas y científicas sobre corrupción pública, incluyendo comunicaciones
electrónicas, mensajes de mensajería instantánea, registros informáticos, documentos digitales y otros
elementos tecnológicos susceptibles de aportar información probatoria.
En tercer lugar, se analizó el marco normativo aplicable a la prueba digital en Ecuador mediante el
estudio de disposiciones constitucionales, penales, procesales y técnicas que regularon su obtención,
preservación, autenticidad y valoración dentro del sistema judicial. Este análisis permitió establecer la
relación existente entre los requisitos jurídicos de la prueba y los desafíos técnicos asociados al
tratamiento de la evidencia digital.
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Desde un enfoque cualitativo, la información recopilada fue sometida a un proceso de análisis
jurídico interpretativo, orientado a establecer relaciones entre la normativa vigente, los criterios
doctrinales y la aplicación práctica de la evidencia digital en investigaciones de corrupción. Este
procedimiento permitió identificar los principales desafíos asociados a la admisibilidad, cadena de
custodia y confiabilidad de la prueba digital, así como determinar su relevancia como herramienta
para fortalecer la investigación y persecución de delitos que afectan a la administración pública.
3. Desarrollo
Delitos contra la administración pública y necesidad de evidencia digital
Los delitos contra la administración pública constituyen conductas que afectan la transparencia
institucional, el correcto funcionamiento del Estado y la protección del patrimonio público. Debido a
su impacto en la gestión estatal, la Constitución de la República del Ecuador establece medidas
reforzadas para combatir actos de corrupción, incluyendo la imprescriptibilidad de determinados
delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
La investigación y sanción de estas conductas requiere la intervención coordinada de instituciones
como la Contraloría General del Estado y la Función Judicial, encargadas del control, investigación y
juzgamiento conforme a sus competencias (Vázquez-Vázquez et al., 2020). En este contexto, la
obtención de elementos probatorios confiables resulta fundamental para determinar responsabilidades
y garantizar procesos judiciales ajustados al debido proceso.
Entre las principales manifestaciones de corrupción pública se encuentra el cohecho, entendido
como una conducta basada en la utilización indebida de la función pública mediante la entrega,
solicitud o aceptación de beneficios a cambio de realizar u omitir actos relacionados con las
competencias del servidor público. Esta conducta presenta una naturaleza bilateral, debido a que
involucra tanto al funcionario que recibe o solicita el beneficio como a la persona que lo ofrece o entrega
(Montoya et al., 2016).
Por otra parte, el peculado representa una de las conductas más lesivas contra la administración
pública, debido a que implica la apropiación, disposición irregular o administración inadecuada de
recursos estatales por parte de servidores públicos que tienen acceso a ellos debido a sus funciones. La
identificación de estas conductas puede requerir registros financieros, documentos electrónicos y otros
elementos digitales que permitan reconstruir las actuaciones investigadas (Risco & Herrera, 2025).
La concusión se configura cuando un servidor público, aprovechando su posición institucional,
exige o recibe beneficios económicos o de otra naturaleza a cambio de ejecutar, omitir o facilitar
actuaciones vinculadas con sus funciones. Esta conducta refleja un abuso del poder público para
obtener ventajas indebidas y se encuentra tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral
Penal (Ulloa-García et al., 2024).
Dentro del ámbito de la administración de justicia, el prevaricato constituye una conducta atribuida
a jueces o árbitros que actúan contra una norma expresa durante la sustanciación de una causa.
Conforme al artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, su configuración requiere una
vulneración manifiesta del ordenamiento jurídico, sin que toda interpretación jurídica controvertida
pueda considerarse delito (Ruiz-Sandoval & Aguilar-Chamorro, 2026).
El enriquecimiento ilícito se relaciona con el incremento injustificado del patrimonio de un servidor
público cuando existe una desproporción entre los bienes adquiridos y los ingresos legítimos
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declarados. Esta figura penal busca preservar los principios de transparencia, probidad y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública (Montoya et al., 2013).
La complejidad de estos delitos radica en que frecuentemente se desarrollan mediante mecanismos
poco visibles, acuerdos informales y procedimientos administrativos que generan rastros electrónicos.
Por esta razón, la evidencia digital constituye una fuente relevante para identificar relaciones entre los
involucrados, reconstruir actuaciones administrativas y aportar elementos objetivos dentro de las
investigaciones penales.
Fuentes y tipos de evidencia digital en investigaciones de corrupción pública
La evidencia digital utilizada en investigaciones de corrupción pública puede provenir de diversas
fuentes tecnológicas, principalmente de comunicaciones electrónicas, dispositivos informáticos,
sistemas institucionales y registros generados mediante plataformas digitales. Estos elementos
permiten reconstruir hechos, identificar relaciones entre los involucrados y verificar actuaciones
administrativas, siempre que su obtención, preservación y valoración se desarrollen bajo criterios
jurídicos y técnicos que garanticen su autenticidad, integridad y confiabilidad (Armenta, 2018).
Entre las principales fuentes de evidencia digital se encuentran los correos electrónicos
institucionales, debido a que constituyen mecanismos oficiales de comunicación dentro de las
entidades públicas. Estos registros pueden contener mensajes, documentos adjuntos, imágenes y otros
archivos intercambiados entre servidores públicos y dependencias administrativas, aportando
información relevante sobre decisiones, instrucciones o acuerdos relacionados con la gestión estatal
(Ribeiro, 2022).
Para su incorporación dentro de un proceso judicial, resulta necesario verificar elementos asociados
a su autenticidad, como la identificación del remitente y destinatario, fecha de emisión y recepción,
origen del mensaje, conservación del contenido original y ausencia de modificaciones que puedan
afectar su valor probatorio. Estos criterios permiten establecer la correspondencia entre la información
digital presentada y la fuente de origen.
Las comunicaciones digitales y servicios de mensajería instantánea representan otra fuente
relevante en investigaciones de corrupción, debido a que permiten documentar interacciones directas
entre funcionarios públicos, particulares u otros actores involucrados en posibles actos ilícitos.
Aplicaciones de mensajería, redes sociales y otros medios electrónicos pueden revelar solicitudes,
acuerdos, negociaciones o coordinaciones relacionadas con conductas investigadas.
Un ejemplo corresponde a un caso de cohecho pasivo propio analizado por la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Carpeta Fiscal N.° 294-2022), donde conversaciones
mediante WhatsApp entre la denunciante y la investigada constituyeron elementos de convicción para
demostrar una presunta solicitud de dinero a cambio de gestionar un puesto laboral en una institución
pública (Alcala, 2022). Este tipo de registros evidencia la capacidad de las comunicaciones digitales
para establecer vínculos entre los sujetos investigados y aportar información relevante dentro del
proceso penal.
En investigaciones complejas, los dispositivos electrónicos y sistemas informáticos de
almacenamiento constituyen fuentes esenciales de información, debido a que pueden contener archivos,
bases de datos, registros de actividad y otros elementos susceptibles de análisis forense. La obtención de
estos datos requiere procedimientos autorizados de acceso, registro y recuperación que aseguren la
legalidad de la actuación investigativa y la preservación de la información recopilada (Armenta, 2018).
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Dentro de esta categoría, los correos electrónicos adquieren especial importancia, debido a que
contienen tanto el contenido del mensaje como datos asociados de tráfico, tales como fecha, hora,
origen y destino. Estos metadatos contribuyen a determinar la procedencia de la información y
fortalecer la valoración de su autenticidad dentro del procedimiento judicial.
Los documentos electrónicos y registros administrativos digitales constituyen fuentes relevantes
para investigar irregularidades en la administración pública. Según su origen, pueden clasificarse en
documentos públicos, administrativos y privados. Los primeros corresponden a aquellos generados
mediante mecanismos reconocidos jurídicamente por autoridades con capacidad legal; los
documentos administrativos son emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus competencias;
mientras que los documentos privados corresponden a archivos digitales generados fuera de
procedimientos administrativos formales (Nazate & Viscarra, 2026).
Esta clasificación permite determinar la naturaleza jurídica del documento digital y establecer los
criterios necesarios para valorar su alcance probatorio dentro de una investigación relacionada con
actos de corrupción pública.
En este contexto, los registros provenientes de sistemas informáticos estatales, bases de datos
públicas y administrativas, contratos electrónicos, metadatos, registros financieros electrónicos y
plataformas institucionales representan fuentes fundamentales de evidencia digital. Estos elementos
permiten verificar procesos, identificar modificaciones, establecer trazabilidad documental y detectar
posibles irregularidades en la gestión pública (Vanegas, 2025). Su análisis permite reconstruir la
secuencia de actuaciones administrativas, identificar patrones de comportamiento y aportar elementos
objetivos para la determinación de responsabilidades dentro de investigaciones penales.
La importancia de estas fuentes se evidencia en investigaciones relacionadas con corrupción
pública, donde correos electrónicos, comunicaciones digitales y registros telefónicos pueden contribuir
a identificar posibles actos irregulares vinculados con procesos administrativos y contratación pública.
En estos escenarios, la aplicación de técnicas de análisis forense digital permite verificar la integridad
de la información y fortalecer su incorporación como elemento probatorio mediante procedimientos
de cadena de custodia (Imaicela & Alvarado, 2024).
Además de los registros documentales y comunicacionales, los dispositivos tecnológicos de captura
audiovisual, como sistemas de grabación de audio y video utilizados en actividades de control público,
constituyen fuentes adicionales de evidencia digital. Estos mecanismos permiten documentar
actuaciones realizadas por servidores públicos y generar registros verificables sobre posibles
conductas irregulares dentro del ejercicio de funciones estatales (Ulloa-García et al., 2024).
La utilidad probatoria de estas fuentes depende de que la evidencia digital cumpla requisitos de
autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad, además de haber sido obtenida conforme a la
normativa vigente y sin vulnerar derechos fundamentales. Su valoración corresponde al juzgador
mediante un análisis integral junto con otros elementos probatorios, considerando las circunstancias
de obtención, conservación y presentación dentro del proceso judicial (Bujosa et al., 2021).
Marco normativo sobre la prueba digital
La incorporación de tecnologías digitales en los procesos administrativos y judiciales ha generado la
necesidad de establecer mecanismos jurídicos que regulen de manera adecuada la obtención,
conservación, tratamiento y valoración de la evidencia digital. En Ecuador, si bien no existe una
regulación integral y específica sobre prueba digital, su utilización dentro de los procesos judiciales se
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fundamenta en disposiciones constitucionales, legales y técnicas que reconocen la validez de los
documentos electrónicos, protegen derechos fundamentales y establecen criterios orientados a
garantizar su confiabilidad.
La Constitución de la República del Ecuador establece principios relacionados con la protección de
datos personales, la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el debido proceso, los cuales
constituyen límites jurídicos para la obtención, tratamiento y utilización de información digital dentro
de investigaciones penales. A nivel procesal, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico
General de Procesos reconocen la incorporación de elementos electrónicos como medios probatorios,
regulando aspectos vinculados con su legalidad, cadena de custodia, autenticidad y valoración.
La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos otorga reconocimiento
jurídico a los documentos electrónicos y mensajes de datos, mientras que la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales [LOPDP] establece principios relacionados con el tratamiento legítimo, seguro y
confidencial de la información digital. Estas disposiciones adquieren especial relevancia en
investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública, donde los registros
electrónicos pueden constituir elementos determinantes para acreditar actuaciones irregulares.
Estos instrumentos jurídicos se complementaron con procedimientos técnicos establecidos por la
Fiscalía General del Estado y estándares internacionales, como el Convenio de Budapest, su Segundo
Protocolo Adicional e ISO/IEC 27037:2012, orientados a fortalecer la identificación, preservación,
análisis y transferencia de evidencia electrónica bajo criterios de integridad y confiabilidad.
Aunque el marco jurídico ecuatoriano permitió sustentar la incorporación de evidencia digital
dentro de procesos administrativos y judiciales, persistieron desafíos relacionados con la ausencia de
procedimientos uniformes para su obtención, tratamiento y valoración. En este sentido, resulta
necesario analizar la articulación entre las disposiciones normativas y los estándares técnicos que
garantizan la validez probatoria de la evidencia digital.
En la tabla 1 se presenta una síntesis de las principales normas e instrumentos nacionales e
internacionales aplicables a la regulación de la evidencia digital en Ecuador, considerando aquellos
aspectos relacionados con su reconocimiento jurídico, protección de derechos fundamentales, cadena
de custodia y criterios de valoración probatoria.
Tabla 1
Normas e instrumentos jurídicos y técnicos aplicables a la evidencia digital en Ecuador
Norma / instrumento jurídico o
técnico
Artículo o apartado
relacionado
Contenido aplicable a la evidencia digital
Constitución de la República del
Ecuador (2008)
Art. 66, numerales 19, 20
y 21
Reconoce el derecho a la protección de datos
personales, la intimidad personal y familiar, así como
la inviolabilidad y secreto de la correspondencia física
y virtual. Estos derechos establecen límites para la
obtención y tratamiento de información digital dentro
de investigaciones judiciales.
Constitución de la República del
Ecuador (2008)
Art. 75 – Tutela judicial
efectiva
Garantiza el acceso a una justicia efectiva, imparcial y
expedita, evitando situaciones de indefensión durante
los procesos judiciales en los que puede incorporarse
evidencia digital.
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Constitución de la República del
Ecuador (2008)
Art. 76 – Garantías del
debido proceso
Establece garantías procesales relacionadas con la
validez de las actuaciones judiciales y la obtención de
elementos probatorios conforme a la Constitución y la
ley.
Código Orgánico Integral Penal
[COIP] (2014)
Art. 453 – Finalidad de la
prueba
Determina que la prueba tiene como finalidad llevar al
juzgador al convencimiento sobre la existencia de la
infracción y la responsabilidad de la persona procesada.
Código Orgánico Integral Penal
[COIP] (2014)
Art. 454 – Principios de la
prueba
Establece principios aplicables a la actividad probatoria,
como oportunidad, inmediación, contradicción, libertad
probatoria, pertinencia y exclusión de pruebas
obtenidas ilegalmente.
Código Orgánico Integral Penal
[COIP] (2014)
Art. 456 –
Cadena de
custodia
Regula la conservación y trazabilidad de los elementos
probatorios, incluyendo aquellos de naturaleza digital,
garantizando su autenticidad, integridad y
preservación.
Código Orgánico Integral Penal
[COIP] (2014)
Art. 457 –
Criterios de
valoración de la prueba
Establece que la valoración probatoria debe considerar
criterios de legalidad, autenticidad y aplicación de
conocimientos técnicos y científicos.
Código Orgánico Integral Penal
[COIP] (2014)
Arts. 498 y siguientes –
Medios de prueba
Reconoce los medios probatorios aplicables dentro del
proceso penal, incluyendo elementos documentales,
testimoniales y periciales relacionados con evidencia
digital.
Código Orgánico Integral Penal
[COIP] (2014)
Arts. 505 y 511 –
Actuación y reglas
generales de los peritos
Regula la participación del perito, la presentación del
informe técnico, su acreditación y la sustentación
mediante interrogatorio y contrainterrogatorio.
Código Orgánico General de Procesos
[COGEP] (2015)
Art. 196 – Producción de
la prueba documental
Reconoce como medios probatorios documentos,
fotografías, grabaciones, elementos audiovisuales,
computacionales y otros de naturaleza electrónica.
Código Orgánico General de Procesos
[COGEP] (2015)
Art. 202 – Documentos
digitales
Reconoce la eficacia probatoria de reproducciones
digitalizadas o documentos electrónicos incorporados
al expediente judicial, conforme a las condiciones
establecidas por la normativa aplicable.
Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos
(2002)
Art. 2 – Reconocimiento
jurídico de los mensajes
de datos
Reconoce que los mensajes de datos poseen igual valor
jurídico que los documentos escritos, permitiendo su
utilización como elementos probatorios.
Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos
(2002)
Art. 5 – Confidencialidad
y reserva
Establece la protección de la información transmitida
mediante mensajes de datos y garantiza su tratamiento
conforme a principios de seguridad y confidencialidad.
Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos
(2002)
Art. 6 – Información
escrita mediante
mensajes de datos
Reconoce que la información electrónica puede cumplir
requisitos legales de forma escrita cuando sea accesible
y pueda ser consultada posteriormente.
Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales [LOPDP] (2021)
Principios de
tratamiento de datos
personales
Establece principios de legalidad, seguridad,
confidencialidad y protección aplicables al tratamiento
de información personal contenida en registros
digitales.
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Manual de actuación para la
recolección, preservación,
tratamiento y análisis del contenido
digital (Fiscalía General del Estado
del Ecuador, 2025)
Procedimientos técnicos
de recolección,
preservación,
tratamiento y análisis
Define procedimientos técnicos para la identificación,
adquisición, conservación y análisis de evidencia
digital dentro de investigaciones penales.
Convenio sobre la Ciberdelincuencia
(Convenio de Budapest) (Consejo de
Europa, 2001)
Arts. 16, 17, 18, 19 y 20
Establece mecanismos relacionados con conservación
rápida de datos informáticos, obtención de
información almacenada, acceso a datos y cooperación
internacional para la obtención de evidencia
electrónica.
Segundo Protocolo Adicional al
Convenio sobre la Ciberdelincuencia
relativo a la cooperación reforzada y
la divulgación de pruebas
electrónicas (Consejo de Europa,
2022)
Cooperación
internacional y
divulgación de
evidencia electrónica
Fortalece los mecanismos de cooperación entre
Estados y proveedores de servicios para facilitar el
acceso y transferencia internacional de evidencia
electrónica.
ISO/IEC 27037:2012
Directrices técnicas
internacionales
Proporciona directrices técnicas para la identificación,
recopilación, adquisición y preservación de evidencia
digital, garantizando procedimientos confiables
durante su tratamiento.
La prueba digital dentro del proceso penal ecuatoriano debe cumplir criterios de legalidad, licitud,
autenticidad, integridad y trazabilidad que permitan garantizar su eficacia probatoria dentro del
proceso judicial. Su obtención debe realizarse conforme a las normas procesales vigentes y respetando
derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos personales y el secreto de las
comunicaciones, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad (COIP, 2014; LOPDP, 2021).
La confiabilidad de la evidencia digital depende de la posibilidad de establecer su correspondencia
con la fuente original y demostrar que no ha sido alterada durante las etapas de identificación,
adquisición, conservación y análisis. Para ello, pueden aplicarse mecanismos técnicos como copias
forenses, códigos hash y registros detallados de intervención que permitan verificar la integridad de
la información recopilada.
En este contexto, la cadena de custodia constituye un elemento esencial para preservar la
trazabilidad de la información digital desde su recopilación hasta su valoración judicial. Aunque el
ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce principios aplicables a la incorporación de evidencia
digital, persisten desafíos relacionados con la ausencia de procedimientos técnicos uniformes y
criterios especializados para su tratamiento.
Por ello, resulta necesario fortalecer el desarrollo normativo y técnico de la prueba digital en
Ecuador, con el propósito de garantizar una gestión adecuada de la evidencia electrónica, proteger las
garantías constitucionales y asegurar su utilización confiable en investigaciones relacionadas con
delitos contra la administración pública (Avemañay et al., 2025).
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4. Discusión
La transformación digital ha generado cambios sustanciales en la forma en que los sistemas de justicia
obtienen, analizan y valoran información relevante para la investigación penal. En este escenario, la
evidencia digital se ha consolidado como un elemento frecuente dentro de los procesos judiciales,
debido a que los hechos delictivos actuales generan rastros electrónicos mediante comunicaciones
digitales, registros audiovisuales, datos de localización, sistemas informáticos y archivos electrónicos
(Llugsha et al., 2025).
Estos cambios evidencian que la prueba digital dejó de constituir un recurso excepcional para
convertirse en un componente necesario dentro de la investigación penal, especialmente cuando las
conductas ilícitas generan interacciones o registros almacenados en entornos tecnológicos. En
consecuencia, los sistemas judiciales enfrentan el desafío de incorporar estos elementos sin afectar los
principios que garantizan un proceso justo.
La incorporación de evidencia digital adquiere especial relevancia en delitos contra la
administración pública, debido a que estas conductas frecuentemente involucran comunicaciones
privadas, sistemas institucionales, documentos electrónicos y registros administrativos digitales. Sin
embargo, la disponibilidad de información tecnológica no determina por sí misma su valor probatorio,
ya que su incorporación requiere demostrar que fue obtenida legalmente y conservada bajo
condiciones que garanticen su autenticidad e integridad.
En concordancia con Herrera (2025), la admisibilidad de la evidencia digital depende de
procedimientos adecuados de identificación, preservación y análisis que permitan establecer la
correspondencia entre la información presentada y la fuente original. Por ello, la cadena de custodia
adquiere una importancia central, debido a que permite documentar las etapas por las cuales atraviesa
la evidencia desde su recopilación hasta su valoración judicial.
Esta necesidad adquiere mayor relevancia debido a que, aunque la tecnología facilita la obtención
de información útil para la investigación penal, también incrementa los riesgos asociados con la
manipulación, modificación o generación artificial de contenidos digitales. La evolución de
herramientas tecnológicas capaces de alterar imágenes, documentos, audios o comunicaciones plantea
nuevos desafíos para los sistemas judiciales, que requieren mecanismos especializados de verificación.
En este sentido, Bujosa et al. (2021) sostienen que la evidencia digital debe cumplir criterios de
autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad, considerando aspectos relacionados con su
trazabilidad, conservación y ausencia de modificaciones. Estos criterios evidencian que la valoración
de la prueba digital supera el análisis exclusivamente jurídico y requiere conocimientos especializados
en informática forense para garantizar una interpretación adecuada de sus características técnicas.
De acuerdo con Nazate y Viscarra (2026), la correcta valoración de la evidencia digital exige una
interacción permanente entre operadores jurídicos y especialistas técnicos, debido a que los peritos
aportan elementos científicos sobre la integridad de la información, mientras que los jueces determinan
su pertinencia y alcance probatorio conforme al marco jurídico aplicable.
En el caso ecuatoriano, aunque existe reconocimiento normativo para incorporar elementos
digitales dentro de los procesos judiciales, el desarrollo regulatorio aún presenta limitaciones
relacionadas con la ausencia de procedimientos específicos y uniformes para la obtención,
preservación, análisis y valoración de evidencia digital. Arteaga et al. (2026) señalan que, si bien el
Código Orgánico General de Procesos reconoce la incorporación de elementos electrónicos, todavía
existen vacíos respecto a criterios técnicos que permitan garantizar una aplicación homogénea.
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Esta situación evidencia una brecha entre el avance tecnológico y la capacidad normativa e
institucional para responder a las nuevas formas de producción probatoria. Por ello, la incorporación
efectiva de la prueba digital requiere fortalecer no únicamente la legislación, sino también las
capacidades técnicas de fiscales, jueces, abogados y peritos encargados de intervenir en procesos
donde la evidencia electrónica constituye un elemento determinante.
En consecuencia, el principal desafío no consiste únicamente en reconocer la importancia de la
prueba digital, sino en garantizar que su utilización combine eficacia investigativa con respeto a los
derechos fundamentales de las partes procesales. El fortalecimiento del marco normativo, la
capacitación especializada y la aplicación de protocolos técnicos permitirán aprovechar el potencial
de la evidencia digital en la investigación de delitos contra la administración pública, reduciendo los
riesgos asociados con la alteración, falsificación o interpretación incorrecta de información
electrónica.
5. Conclusiones
Los delitos contra la administración pública representan una afectación directa al funcionamiento
institucional del Estado, debido a que comprometen principios como la transparencia, probidad y
adecuada gestión de los recursos públicos. El análisis realizado permitió determinar que estas
conductas requieren mecanismos probatorios capaces de responder a nuevas formas de interacción y
generación de información asociadas al entorno digital.
Conductas como peculado, cohecho, concusión, prevaricato y enriquecimiento ilícito pueden
generar rastros electrónicos mediante comunicaciones, sistemas institucionales, documentos digitales
y registros administrativos. En este contexto, la prueba digital se constituye en un recurso estratégico
para reconstruir hechos, identificar relaciones entre los sujetos involucrados y aportar elementos
objetivos dentro de investigaciones penales.
Las fuentes de evidencia digital representan herramientas fundamentales para la investigación de
actos de corrupción pública, debido a que los sistemas tecnológicos generan diversos registros
susceptibles de análisis probatorio. Correos electrónicos institucionales, mensajes digitales, bases de
datos administrativas, documentos electrónicos, metadatos, registros financieros y evidencias
audiovisuales pueden contribuir a identificar irregularidades y establecer responsabilidades.
No obstante, los resultados evidencian que la existencia de información digital no garantiza por sí
misma su valor probatorio, debido a que su eficacia depende de procedimientos adecuados de
identificación, preservación, autenticación y valoración técnica. Por ello, la evidencia digital requiere
un tratamiento especializado que permita diferenciar información confiable de aquella que pudo haber
sido modificada o manipulada mediante herramientas tecnológicas.
El marco normativo ecuatoriano presenta avances importantes en el reconocimiento de elementos
digitales dentro de los procedimientos judiciales y administrativos. La Constitución de la República
del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Procesos, la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales y los instrumentos técnicos institucionales establecen fundamentos jurídicos para
garantizar la legalidad, protección de derechos y conservación de la evidencia electrónica.
Sin embargo, el estudio permitió identificar que aún persisten desafíos relacionados con la ausencia
de procedimientos específicos y criterios técnicos uniformes para la obtención, tratamiento y
valoración de la prueba digital en Ecuador. La rápida evolución tecnológica exige una actualización
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permanente del marco regulatorio y una mayor articulación entre operadores jurídicos, peritos
informáticos e instituciones encargadas de la investigación penal.
En consecuencia, la prueba digital constituye una herramienta indispensable para fortalecer la
investigación de delitos contra la administración pública, siempre que su incorporación se realice bajo
estándares jurídicos, técnicos y éticos que garanticen su confiabilidad. El fortalecimiento normativo, la
capacitación especializada y la implementación de protocolos de actuación permitirán aprovechar su
potencial investigativo sin afectar las garantías fundamentales del debido proceso.
Referencias
Alcala, V. (2022). La prueba digital en los delitos contra la administración pública Lima—Metropolitana 2022
[Tesis de pregrado, Universidad Privada Norbert Wiener].
https://hdl.handle.net/20.500.13053/8043
Armenta, M. (2018). Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos
electrónicos, WhatsApp, redes sociales): Entre la insuficiencia y la incertidumbre. IDP. Revista
de Internet, Derecho y Política, (27), 67–78. https://doi.org/10.7238/idp.v0i27.3149
Arteaga, E., Cuenca, B., & García, H. (2026). La prueba digital en el proceso civil ecuatoriano: ¿Estamos
preparados jurídicamente? Revista Lex, 9(32), 351–363.
https://doi.org/10.33996/revistalex.v9i32.460
Avemañay, S., Avemañay, A., & Duarte, M. (2025). La prueba digital en el proceso penal ecuatoriano:
Desafíos constitucionales, técnicos y comparados frente a los estándares iberoamericanos de
evidencia tecnológica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(5), 17880–17900.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21212
Bujosa, L., Bustamante, M., & Toro, L. (2021). La prueba digital producto de la vigilancia secreta:
Obtención, admisibilidad y valoración en el proceso penal en España y Colombia. Revista
Brasileira de Direito Processual Penal, 7(2), 1347–1384. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.482
Código Orgánico Administrativo [COA]. (2017). Registro Oficial Suplemento N.º 31, 7 de julio de 2017.
https://n9.cl/tziya
Código Orgánico General de Procesos [COGEP]. (2015). Registro Oficial Suplemento No. 506, 22 de mayo
de 2015. https://n9.cl/o2op
Código Orgánico Integral Penal [COIP]. (2014). Registro Oficial Suplemento N.º 180, 10 de febrero de 2014.
https://n9.cl/3iyct
Consejo de Europa. (2001). The Convention on Cybercrime (Budapest Convention, ETS No. 185) and its
Protocols. Council of Europe. https://n9.cl/yd49tn
Consejo de Europa. (2022). Second Additional Protocol to the Cybercrime Convention on enhanced co-
operation and disclosure of electronic evidence (CETS No. 224). Council of Europe. https://n9.cl/3ahia
Constitución de la República del Ecuador [CRE]. (2008). Registro Oficial Suplemento No. 449, 20 de
octubre de 2008. https://n9.cl/41evj
Fiscalía General del Estado del Ecuador. (2025). Manual de actuación para la recolección, preservación,
tratamiento y análisis del contenido digital. https://n9.cl/ynudt
Esprint Investigación
https://rei.esprint.tech
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ISSN: 2960-8317
Alex Paúl Martínez Once
, Hillary Patricia Herrera Avilés, Juan Fernando Tapia Sanchez
106
Herrera, S. (2025). El papel de la prueba digital en los procedimientos penales en Ecuador [Tesis de maestría,
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador]. http://hdl.handle.net/10644/10524
Iglesias, S., Orbea, L., & Campos, F. (2025). Admisibilidad de la prueba digital en los procedimientos
judiciales según la normativa ecuatoriana. Revista Lex, 8(30), 1716–1739.
https://doi.org/10.33996/revistalex.v9i30.374
Imaicela, J., & Alvarado, L. (2024). La incorporación de la prueba digital en el derecho procesal
ecuatoriano. Revista Lex, 7(27), 1338–1350. https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i27.247
International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2012).
ISO/IEC 27037:2012: Information technology—Security techniques—Guidelines for identification,
collection, acquisition and preservation of digital evidence.
https://www.iso.org/standard/44381.html
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. (2002). Registro Oficial
Suplemento No. 557, 17 de abril de 2002. https://n9.cl/l1srj
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (2002). Registro Oficial Suplemento N.º 595, 12 de
junio de 2002. https://n9.cl/tws30
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [LOPDP]. (2021). Registro Oficial Suplemento No. 459,
26 de mayo de 2021. https://n9.cl/ngu9b
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LOTAIP]. (2004). Registro Oficial
Suplemento N.º 337, 18 de mayo de 2004. https://n9.cl/6rivv
Llugsha, O., Arcos, M., Freire, E., & Castillo, L. (2025). La prueba digital en el proceso penal
ecuatoriano: Análisis normativo, probatorio y jurisprudencial. Reincisol, 4(8), 1251–1251.
https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(8)1251
Martínez, G. (2022). Problemática jurídica de la prueba digital y sus implicaciones en los principios
penales. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.
https://reunir.unir.net/handle/123456789/15287
Miller, C. (2022). A survey of prosecutors and investigators using digital evidence: A starting point.
Forensic Science International: Synergy, 6, 100296. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100296
Montoya, Y., Chanjan, R., Novoa, Y., Rodríguez, J., & Quispe, F. (2013). Manual de capacitación para
operadores de justicia en delitos contra la administración pública. Pontificia Universidad Católica del
Perú. https://n9.cl/3p03th
Montoya, Y., Novoa, Y., Rodríguez, J., Torres, D., & Guimaray, E. (2016). Manual sobre delitos contra la
administración pública. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Democracia y
Derechos Humanos. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110641
Nazate, M., & Viscarra, R. (2026). El debido proceso y la práctica de la prueba digital: Una lectura crítica
desde el derecho procesal civil en Ecuador. Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo, 7(19),
225–235. https://doi.org/10.56519/n97hgx40
Ortega, J. (2020). Delitos contra la administración pública. Escuela Superior de Administración Pública.
https://n9.cl/pye1oq
Ribeiro, D. (2022). La prueba digital. En Teoría crítica do processo: Segunda série.
https://www.academia.edu/82498505/La_prueba_digital
Esprint Investigación
https://rei.esprint.tech
Vol. 5 N° 2, julio-diciembre 2026 (94-107)
ISSN: 2960-8317
Alex Paúl Martínez Once
, Hillary Patricia Herrera Avilés, Juan Fernando Tapia Sanchez
107
Risco, E., & Herrera, J. (2025). Delitos contra la administración pública en el Perú: Un análisis
comparado con los países de Colombia y Chile. Aula Virtual, 6(13).
https://doi.org/10.5281/zenodo.16762082
Ruiz-Sandoval, D., & Aguilar-Chamorro, A. (2026). Prevaricato y proceder contra norma expresa en
acciones de protección en Ecuador. Debate Jurídico Ecuador, 9(2), 279–290.
https://doi.org/10.61154/dje.v9i2.4500
Ulloa-García, L., Díaz-Basurto, I., & Ros-Alvarez, D. (2024). Concusión en agentes de tránsito y los
medios probatorios tecnológicos en procesos judiciales, Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1),
942–954. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.4324
Vanegas, L. (2025). Control interno y gestión documental: Una interacción clave para la eficacia y transparencia
en la rendición de cuentas de la administración pública [Tesis de especialización, Universidad de
Antioquia]. https://hdl.handle.net/10495/49257
Vázquez-Vázquez, F., Narváez-Zurita, C., Guerra-Coronel, M., & Erazo-Álvarez, J. (2020). La
imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública: Caso ecuatoriano. IUSTITIA
SOCIALIS, 5(8), 208–224. https://doi.org/10.35381/racji.v5i8.570
Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA)
Durante la elaboración de este artículo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo
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no fue utilizada para generar contenido científico, formular argumentos, elaborar resultados,
interpretar hallazgos ni reemplazar el juicio científico de los autores. En consecuencia, los autores
mantienen la responsabilidad sobre la integridad, veracidad y contenido presentado en el estudio.
Contribución de autoría
Alex Paúl Martínez Once: Conceptualización, metodología, software, análisis formal, investigación,
gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Hillary Patricia Herrera Avilés: metodología, validación, análisis formal, investigación, gestión de
datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento,
recursos, supervisión.
Juan Fernando Tapia Sanchez: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, redacción
- preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
