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Vol. 5 N° 1, enero-junio 2026 (870-883)
ISSN: 2960-8317
870
Artículo de revisión
La crisis migratoria en Ecuador: análisis de la garantía de
derechos humanos de los migrantes
The migration crisis in Ecuador: an analysis of the guarantee of human rights
for migrants
Marcia Lisbeth Verdugo Arcos*
Universidad Estatal de Milagro
Milagro - Ecuador
mverdugoa@unemi.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-3004-386X
Katherin Fernanda Bayas Chicaiza
Profesional Independiente
Riobamba - Ecuador
ferb25110400@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-0210-8815
Freddy Patricio Morales-Alarcón
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
fmorales@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-2657-8201
*Correspondencia:
mverdugoa@unemi.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Verdugo, M., Bayas, K., & Morales-
Alarcón, F. (2026). La crisis migratoria en
Ecuador: análisis de la garantía de
derechos humanos de los migrantes.
Esprint Investigación, 5(1), 870-883.
https://doi.org/10.61347/ei.v5i1.291
Recibido: 2 de abril de 2026
Aceptado: 7 de mayo de 2026
Publicado: 13 de mayo de 2026
Resumen: La crisis migratoria en Ecuador constituye un problema social, jurídico e institucional
de creciente complejidad, caracterizado por la existencia de una brecha significativa entre el
reconocimiento formal de los derechos humanos y su garantía efectiva para la población migrante.
El incremento sostenido de los flujos migratorios, especialmente de origen venezolano, ha
superado, en diversos ámbitos, la capacidad estatal de respuesta, lo que ha generado dificultades
en el acceso a salud, educación, empleo, vivienda y procesos de regularización. Esta situación ha
contribuido a profundizar condiciones de vulnerabilidad, informalidad laboral, discriminación y
exclusión social. En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar el grado de garantía de los
derechos humanos de las personas migrantes en Ecuador, en relación con el marco normativo
vigente y su aplicación práctica. Metodológicamente, se desarrolló una investigación con enfoque
cualitativo y diseño descriptivo-analítico, basada en una revisión documen
tal de fuentes
secundarias publicadas entre 2020 y 2026. La información fue organizada en tres categorías de
análisis: (i) marco jurídico, (ii) acceso a derechos básicos y (iii) políticas públicas. Los resultados
evidencian que Ecuador dispone de un marco normativo garantista, sustentado principalmente
en la Constitución de 2008 y en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, orientado a la igualdad y
no discriminación. Sin embargo, persisten limitaciones de carácter estructural, burocrático e
institucional que restringen su aplicación efectiva. Se identifican altos niveles de informalidad
laboral, barreras administrativas en los procesos de regularización, restricciones en el acceso a
servicios esenciales y manifestaciones de xenofobia. Se concluye que la garantía real de derechos
requiere el fortalecimiento de políticas públicas integrales, sostenibles y articuladas, orientadas a
la inclusión social y económica de la población migrante, así como a la reducción de las brechas
existentes entre la norma jurídica y su aplicación efectiva en la práctica.
Palabras clave: Acceso a derechos, derechos humanos, Ecuador, inclusión social, migración,
movilidad humana, políticas públicas.
Abstract: The migration crisis in Ecuador constitutes a social, legal, and institutional problem of
increasing complexity, characterized by the existence of a significant gap between the formal recognition of
human rights and their effective guarantee for the migrant population. The sustained increase in migration
flows, especially of Venezuelan origin, has, in various areas, exceeded the State’s capacity to respond,
thereby generating difficulties in access to healthcare, education, employment, housing, and regularization
processes. This situation has contributed to deepening conditions of vulnerability, labor informality,
discrimination, and social exclusion. In this context, the objective of the study was to analyze the degree to
which the human rights of migrants in Ecuador are guaranteed, in relation to the existing legal framework
and its practical implementation. Methodologically, the research was conducted using a qualitative
approach and a descriptive-analytical design, based on a documentary review of secondary sources
published between 2020 and 2026. The information was organized into three categories of analysis: (i) legal
framework, (ii) access to basic rights, and (iii) public policies. The results show that Ecuador has a rights-
based regulatory framework, primarily grounded in the 2008 Constitution and the Organic Law on Human
Mobility, aimed at ensuring equality and non-discrimination. However, structural, bureaucratic, and
institutional limitations persist, restricting its effective implementation. High levels of labor informality,
administrative barriers in regularization processes, restrictions in access to essential services, and
manifestations of xenophobia were identified. It is concluded that the effective guarantee of rights requires
strengthening comprehensive, sustainable, and coordinated public policies aimed at the social and economic
inclusion of the migrant population, as well as reducing the gaps between legal norms and their practical
enforcement.
Keywords: Access to rights, Ecuador, human mobility, human rights, migration, public policies, social
inclusion.
Copyright: Derechos de autor 2026
Marcia Lisbeth Verdugo Arcos, Katherin
Fernanda Bayas Chicaiza, Freddy Patricio
Morales-Alarcón.
Esta obra está bajo una licencia
internacional Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0.
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1. Introducción
La crisis migratoria en Ecuador se configura como un fenómeno complejo que refleja tensiones
estructurales entre el incremento sostenido de los flujos migratorios y la capacidad del Estado para
garantizar efectivamente los derechos humanos de las personas en movilidad (Mejía-Macías, 2023). En
las últimas décadas, el país ha experimentado una transformación significativa en su dinámica
migratoria, pasando de ser predominantemente emisor de población a constituirse también en un
territorio de tránsito y destino dentro del contexto regional latinoamericano. Este cambio ha implicado
nuevos desafíos institucionales, sociales y económicos, especialmente en un escenario marcado por
crisis regionales y globales (Maldonado, 2024).
En términos de evolución reciente, los flujos migratorios han mostrado un comportamiento
creciente y diverso. Ecuador ha registrado incrementos importantes tanto en la salida de nacionales
como en la llegada de población extranjera (Burbano et al., 2023). Por un lado, se evidencian salidas
masivas de ciudadanos ecuatorianos, con picos significativos en los últimos años y un saldo migratorio
negativo sostenido.
Por otro lado, el país ha recibido un número considerable de migrantes, principalmente
provenientes de Venezuela y Colombia, lo que ha incrementado de forma notable la población
extranjera residente (Mejía-Macías et al., 2024). A ello se suma el aumento de la migración irregular y
familiar, así como el uso de rutas peligrosas como el Tapón del Darién, lo que evidencia la complejidad
y el riesgo asociado a estos movimientos.
Este escenario se explica por una combinación de factores estructurales que impulsan la movilidad
humana en la región. Entre los principales se encuentran las crisis económicas, la inseguridad, la
violencia y la inestabilidad política en los países de origen (Rodríguez-Tarira et al., 2024). La crisis
venezolana constituye uno de los casos más representativos, al generar un éxodo masivo hacia países
como Ecuador.
Asimismo, factores internos como el desempleo, la pobreza, la informalidad y el incremento de la
inseguridad han incentivado también la migración de ecuatorianos hacia el exterior (Burbano et al.,
2023). De esta manera, Ecuador enfrenta una doble dinámica migratoria: la salida de su población y la
recepción de migrantes extranjeros, lo que genera una presión significativa sobre sus capacidades
institucionales.
En este contexto, Ecuador se ha consolidado como un país de tránsito y destino, desempeñando un
rol estratégico dentro de los corredores migratorios regionales. Su política de apertura migratoria,
especialmente en la primera década del siglo XXI, facilitó el ingreso de diversas nacionalidades,
incluyendo población venezolana, colombiana, haitiana y cubana (Jácome et al., 2024).
Sin embargo, este rol ha implicado una “doble carga” para el Estado, que debe atender
simultáneamente las necesidades de su población migrante saliente y de los migrantes que ingresan o
transitan por su territorio. Esta situación ha incrementado la demanda de servicios públicos y ha
puesto a prueba la capacidad de respuesta institucional (Calle et al., 2025).
Desde una perspectiva conceptual, la migración puede entenderse como el desplazamiento de
personas fuera de su lugar de residencia habitual por diversas razones, ya sean económicas, sociales,
políticas o de seguridad (Ortega-Pérez, 2024). En este marco, se distinguen categorías como migración
regular e irregular, migración forzada, así como la condición de refugiado o solicitante de asilo.
Estas categorías evidencian distintos niveles de vulnerabilidad, siendo particularmente crítica la
situación de quienes se encuentran en condición irregular, debido a las limitaciones en el acceso a
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derechos y a los riesgos de explotación y exclusión (Cecchini & Martínez, 2023). Frente a esta realidad,
el análisis de la crisis migratoria en Ecuador requiere incorporar un enfoque integral.
Este enfoque debe combinar dimensiones económicas, sociales y, especialmente, de derechos
humanos. Desde el enfoque económico, la migración responde a desigualdades estructurales y
contribuye al desarrollo mediante el trabajo, el consumo y las remesas (Aldana-Zavala & Isea-
Argüelles, 2024).
Desde el enfoque social, implica procesos de integración, diversidad cultural y transformación
demográfica. No obstante, es el enfoque de derechos humanos el que resulta fundamental, al establecer
que todas las personas, independientemente de su condición migratoria, deben gozar de derechos
fundamentales en condiciones de igualdad y sin discriminación (González, 2024).
En el caso ecuatoriano, el marco jurídico reconoce ampliamente estos principios. La Constitución
de la República del Ecuador (CRE, 2008) consagra la ciudadanía universal, la igualdad de derechos y
la no discriminación, estableciendo que ninguna persona puede ser considerada ilegal por su condición
migratoria.
Asimismo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) desarrolla estos principios, regulando los
procesos migratorios y promoviendo mecanismos de protección, regularización e integración. Este
marco normativo se complementa con instrumentos internacionales de derechos humanos.
Estos instrumentos obligan al Estado a respetar, proteger y garantizar derechos como la salud, la
educación, el trabajo y la seguridad (Mejía-Macías et al., 2024). Sin embargo, a pesar de este
reconocimiento formal, en la práctica persisten importantes brechas en la garantía efectiva de
derechos.
Un alto porcentaje de la población migrante se encuentra en situación irregular, lo que limita su
acceso a empleo formal, servicios básicos y protección social (Miranda et al., 2025). Además, la
reducción de procesos de regularización y las dificultades administrativas han incrementado la
vulnerabilidad de estas personas. Esta situación se agrava por la presencia de fenómenos como la
xenofobia, la discriminación y la estigmatización social, que dificultan los procesos de integración
(Célleri, 2023). Las dificultades en el acceso a derechos básicos constituyen uno de los principales
problemas.
La mayoría de los migrantes se inserta en el mercado laboral informal, con condiciones precarias y
sin garantías laborales (Núñez-Ribadeneyra, 2023). Asimismo, enfrentan barreras para acceder a
servicios de salud, educación y vivienda. Estas limitaciones se deben tanto a su situación migratoria
como a factores económicos, lo que incrementa su exposición a explotación laboral y otras formas de
vulneración de derechos (Barros-Bravo, 2025). En términos de vulnerabilidad, ciertos grupos enfrentan
riesgos adicionales.
Entre ellos se encuentran mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica, quienes están
expuestas a violencia de género, acoso y explotación laboral. Además, la proliferación de discursos
xenófobos y políticas de corte securitista ha contribuido a reforzar estigmas sociales (Vera, 2025). Estas
condiciones perpetúan un círculo de marginalidad que limita la integración efectiva de la población
migrante. En este contexto, se evidencian tensiones entre las políticas migratorias y la protección de
los derechos humanos.
Si bien Ecuador cuenta con un marco normativo avanzado, en la práctica las políticas han tendido
a priorizar el control fronterizo y la seguridad por encima de un enfoque integral de derechos (Jarrin
& Jarrin, 2025). Esto genera un desequilibrio que afecta directamente a la población migrante. A pesar
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de estos desafíos, la población migrante también genera aportes importantes al desarrollo económico
y social. Su participación en el mercado laboral contribuye a la productividad, al financiamiento de
sistemas sociales y al dinamismo económico.
No obstante, su integración depende de factores como la tolerancia social, la existencia de políticas
inclusivas y el acceso a condiciones laborales dignas (Calle et al., 2025). La falta de integración puede
derivar en exclusión social y tensiones en la percepción ciudadana.
La crisis migratoria en Ecuador constituye un desafío estructural que trasciende el ámbito
humanitario y se vincula directamente con la gobernanza y la garantía de derechos fundamentales.
A pesar de contar con un marco normativo progresista, persisten brechas entre la norma y su
aplicación.
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar la garantía de los derechos
humanos de las personas migrantes en Ecuador en el marco de la crisis migratoria. Se busca identificar
las brechas existentes entre el marco normativo vigente y su aplicación efectiva. Para ello, se plantean
como objetivos específicos examinar el marco normativo, identificar las principales barreras de acceso
a derechos y evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano.
2. Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo-analítico, orientado
al análisis de la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Ecuador en el contexto
de la crisis migratoria. Se empleó una revisión documental de fuentes secundarias, que incluyó informes
de organismos internacionales, documentos oficiales y artículos científicos publicados entre 2020 y 2026,
entre ellos el Grupo Banco Mundial (2024), la Organización Internacional para las Migraciones (2026) y
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador (2018).
La información fue seleccionada en función de criterios de pertinencia, actualidad y relevancia
temática, y posteriormente se organizó en tres categorías de análisis: (i) marco jurídico, (ii) acceso a
derechos básicos y (iii) políticas públicas. A partir de esta clasificación, se aplicó un análisis de
contenido, orientado a identificar las relaciones existentes entre el reconocimiento normativo y su
implementación en la práctica.
3. Resultados
Marco normativo nacional e internacional en la protección de derechos humanos de migrantes
El marco normativo que regula la protección de los derechos humanos de las personas en situación de
movilidad humana en Ecuador se configura a partir de una estructura jurídica integrada por
disposiciones constitucionales, legislación interna especializada y un conjunto de instrumentos
internacionales ratificados por el Estado. Esta estructura responde a un enfoque garantista que
reconoce a las personas migrantes como titulares de derechos, con independencia de su situación
administrativa, en concordancia con el principio de universalidad de los derechos humanos.
En el ámbito interno, la Constitución de la República del Ecuador (2008) constituye la norma
suprema y el eje articulador del sistema de protección. En ella se consagra un modelo de Estado
constitucional de derechos y justicia, que impone obligaciones positivas al Estado en materia de
respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales. En relación con la movilidad humana,
se incorporan disposiciones específicas que consolidan este enfoque garantista.
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El Art. 41 reconoce el derecho de asilo y refugio, incorporando el principio de no devolución (non-
refoulement), así como la obligación estatal de brindar asistencia humanitaria y jurídica y de abstenerse
de criminalizar la migración irregular. Por su parte, el Art. 42 prohíbe el desplazamiento arbitrario y
establece un régimen de protección integral para personas desplazadas, con énfasis en grupos en
situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Art. 215 atribuye a la Defensoría del Pueblo competencias en la tutela de los derechos,
incluyendo aquellos de ecuatorianos en el exterior. En conjunto, estas disposiciones evidencian la
adopción de principios estructurales como la igualdad material, la dignidad humana y la ciudadanía
universal, consolidando un marco constitucional orientado a la protección integral de los derechos
humanos.
El desarrollo legislativo de estos mandatos se materializa en la Ley Orgánica de Movilidad Humana
(2017), la cual regula de manera integral los derechos, deberes y garantías de las personas en
movilidad. Esta norma incorpora principios rectores como la igualdad y no discriminación, la
prohibición de criminalización por condición migratoria y la protección integral de derechos,
independientemente del estatus migratorio.
Desde una perspectiva operativa, la ley establece garantías concretas como el acceso a la justicia en
condiciones de igualdad, el derecho al trabajo y a la seguridad social, el acceso a servicios de salud sin
discriminación y la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, regula mecanismos
de protección internacional, incluyendo procedimientos para el reconocimiento de la condición de
refugiado y el acceso a documentación.
En el plano internacional, el Estado ecuatoriano ha asumido obligaciones jurídicas derivadas de la
ratificación de diversos instrumentos que integran el corpus iuris internacional de los derechos
humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece principios de igualdad
y no discriminación, así como derechos fundamentales como la libertad de circulación y el derecho a
buscar asilo.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) reconoce garantías esenciales
como el debido proceso y la protección frente a expulsiones arbitrarias. De igual forma, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) consagra derechos como la salud, la
educación y el trabajo, cuya titularidad se extiende a todas las personas bajo jurisdicción estatal.
En materia de protección internacional, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)
establece un régimen jurídico específico para las personas refugiadas, garantizando derechos como el
acceso a la justicia, al empleo y a la asistencia social. Este instrumento se complementa con la
Declaración de Cartagena (1984), que amplía la definición de refugiado en el contexto latinoamericano.
Dicha declaración incorpora estándares de protección más amplios, como la protección humanitaria,
la reunificación familiar y el fortalecimiento del principio de no devolución. Este principio, reconocido
como norma de derecho internacional consuetudinario, posee carácter imperativo (ius cogens), lo que
implica su aplicación obligatoria e inderogable incluso en contextos de emergencia.
Adicionalmente, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), aunque
de naturaleza no vinculante, constituye un instrumento de soft law que orienta la formulación de
políticas migratorias basadas en derechos humanos. Este promueve el acceso a servicios básicos, la
protección de personas en situación de vulnerabilidad y el respeto de garantías procesales.
En este contexto, los derechos de las personas migrantes se inscriben dentro del sistema
internacional de protección de los derechos humanos desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial.
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Este sistema reconoce que los derechos corresponden a todas las personas bajo la jurisdicción de un
Estado, sin distinción alguna, consolidando así un estándar jurídico global.
Asimismo, instrumentos contemporáneos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los
Indicadores de Gobernanza de la Migración (MGI) han contribuido a fortalecer los mecanismos de
evaluación del cumplimiento estatal. Estos instrumentos permiten analizar el acceso a servicios básicos
y los niveles de inclusión social de la población migrante.
En síntesis, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en articulación con el derecho internacional de
los derechos humanos, configura un sistema normativo robusto que reconoce a las personas migrantes
como sujetos plenos de derechos. Sin embargo, la existencia de esta estructura normativa no garantiza
por sí misma la efectividad de los derechos reconocidos.
En consecuencia, la materialización de estos derechos depende de la adecuada implementación de
políticas públicas, de la capacidad institucional y de la operatividad de los mecanismos de exigibilidad.
Este aspecto resulta clave para comprender las brechas existentes entre el reconocimiento normativo y
la garantía efectiva de los derechos humanos en el contexto migratorio ecuatoriano.
Principales limitaciones y barreras en el acceso a derechos fundamentales en personas migrantes
La garantía de los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad humana en
Ecuador se encuentra condicionada por múltiples limitaciones estructurales que dificultan su acceso
efectivo a servicios, oportunidades y mecanismos de protección. Estas barreras, lejos de ser aisladas,
se interrelacionan y configuran un escenario de vulnerabilidad persistente. Este fenómeno adquiere
mayor relevancia al considerar la magnitud del proceso migratorio en el país.
Hacia finales de 2023, se registraron aproximadamente 540,04 mil personas desplazadas por la fuerza,
mientras que para mediados de 2024 el número total de emigrantes internacionales osciló entre 747,8 mil
y 1,2 millones de personas, evidenciando la creciente presión sobre las capacidades institucionales del
Estado (Grupo Banco Mundial, 2024). En este contexto, las limitaciones identificadas se agrupan en tres
categorías principales: legales, económicas y sociales, en coherencia con el objetivo del estudio.
Las barreras legales constituyen uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de
derechos. La irregularidad migratoria se configura como un factor determinante, ya que restringe el
acceso a servicios básicos y genera desprotección jurídica. A pesar de que la Constitución ecuatoriana
de 2008 reconoce la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, en la práctica los procesos de
regularización presentan importantes limitaciones.
De hecho, solo el 32 % de las personas migrantes cuenta con un estatus migratorio regular, mientras
que el 90 % considera que obtenerlo es un proceso muy difícil, principalmente por la falta de recursos
económicos (44,2 %) y documentación (36 %) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023). Estas cifras
evidencian que los mecanismos existentes no son suficientemente accesibles ni eficaces, lo que genera
una brecha entre el reconocimiento normativo y su aplicación real.
Por otra parte, las barreras económicas inciden directamente en las condiciones de vida de la
población migrante. El acceso a un empleo digno constituye la principal dificultad, siendo
identificado por el 46 % de las personas migrantes como su problema más relevante. Esta situación
deriva en precariedad laboral, ingresos inestables y limitaciones para cubrir necesidades básicas
(González, 2024).
Como consecuencia, el 38 % de los migrantes reporta haber sido rechazado al intentar acceder a
vivienda, lo que refleja una exclusión que trasciende el ámbito laboral. Asimismo, la cobertura de
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apoyo institucional es limitada, ya que solo el 4,5 % recibe ayuda estatal y el 9,5 % apoyo de
organizaciones no gubernamentales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023). Estas condiciones
profundizan la vulnerabilidad socioeconómica de esta población.
Finalmente, las barreras sociales evidencian dinámicas de exclusión que dificultan la integración
efectiva de las personas migrantes. La discriminación y la xenofobia persisten, especialmente hacia
la población venezolana, considerada por el 80 % de la población local como la más afectada (Cadme-
Rivadeneira & Villalva-Fonseca, 2023). Estas actitudes impactan directamente en el acceso a derechos
fundamentales.
Esto se refleja en que el 17,4 % de los migrantes ha sido rechazado en servicios de salud y que solo
el 14,2 % se encuentra afiliado a la seguridad social. En el ámbito educativo, aunque el 42 % de los
niños migrantes asiste a instituciones educativas, persisten barreras como la falta de documentación
(42 %) y de recursos económicos (37,6 %) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023).
A estas limitaciones se suman riesgos de explotación laboral, violencia y afectaciones emocionales
derivadas de la precariedad y la ruptura de redes de apoyo. Estos factores configuran un entorno de
exclusión estructural que limita el ejercicio pleno de derechos y dificulta los procesos de integración
social.
En síntesis, el elevado número de personas desplazadas y migrantes evidencia que las limitaciones
en el acceso a derechos fundamentales no constituyen hechos aislados, sino el resultado de un
entramado de barreras estructurales interrelacionadas. Las dificultades en la regularización migratoria
restringen el acceso a servicios y protección legal.
Asimismo, la precariedad económica limita las condiciones de vida digna, mientras que la
discriminación social obstaculiza la integración y el ejercicio pleno de derechos. En coherencia con el
objetivo del estudio, estos resultados permiten identificar las principales brechas entre el
reconocimiento normativo y su garantía efectiva.
En consecuencia, pese al reconocimiento formal de los derechos humanos, su garantía efectiva
continúa siendo limitada en la práctica, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas
y los mecanismos institucionales orientados a la inclusión social de la población migrante.
Políticas públicas implementadas por el Estado para la garantía de derechos en la población
migrante
El análisis de las políticas públicas permite comprender el rol del Estado en la reducción de las brechas
identificadas, mediante la evaluación del grado de implementación de medidas orientadas a la
inclusión y garantía de derechos de la población migrante. Con el fin de analizar la efectividad de la
intervención estatal, en la Tabla 1 se presenta una sistematización de las principales políticas públicas
implementadas, considerando su nivel de aplicación, resultados, limitaciones y posibles mejoras.
La Tabla 1 evidencia que las políticas públicas se estructuran en torno a ejes clave, como la
regularización migratoria, el acceso a servicios básicos, la integración socioeconómica, el control
migratorio y la cooperación internacional. Estos componentes reflejan un enfoque formal basado en
derechos humanos, sustentado en el marco constitucional y en normativa específica como la Ley
Orgánica de Movilidad Humana.
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Tabla 1
Evaluación de la efectividad, alcance y fundamento legal de las políticas públicas dirigidas a la población migrante en Ecuador
Política pública
/ medida
Descripción Resultados positivos
Limitaciones
identificadas
Fundamento legal
Propuesta de mejora
Procesos de re-
gularización mi-
gratoria (visas
humanitarias,
amnistías)
Programas im-
plementados
para otorgar es-
tatus legal a per-
sonas migrantes,
especialmente
población vene-
zolana
Facilitan la permanen-
cia legal, acceso a em-
pleo formal y servicios
básicos
Requisitos res-
trictivos, costos
elevados, pla-
zos limitados y
dificultades en
el trámite
Constitución del Ecuador
(2008), Art. 40 (derecho a
migrar) y Art. 416.6
(ciuda
danía universal);
Ley Orgánica de
Movilidad Humana
(2017), arts. 52–
56 (tipos
de visas y regularización)
Simplificar requisitos,
reducir costos y am-
pliar plazos de regula-
rización
Acceso a servi-
cios de salud pú-
blica
Inclusión de po-
blación migrante
en el sistema de
salud pública sin
discriminación
Atención médica bá-
sica garantizada, espe-
cialmente en casos de
emergencia
Saturación del
sistema, falta
de recursos y
barreras admi-
nistrativas
Constitución del Ecuador,
Art. 32 (derecho a la salud)
y Art. 11.2 (principio de
no discriminación); Ley
Or
gánica de Movilidad
Humana, Art. 52
(derechos de las personas
en movilidad)
Fortalecer financia-
miento y mejorar la ca-
pacidad del sistema de
salud
Acceso a la edu-
cación pública
Garantía de ac-
ceso a educación
básica y media
para niños y ado-
lescentes mi-
grantes
Inclusión educativa y
reducción de exclu-
sión social infantil
Falta de cupos,
dificultades en
homologación
de estudios y
documenta-
ción
Constitución del Ecuador,
Art.
26 (derecho a la
educación) y Art. 28
(acceso uni
versal); Ley
Orgánica de Educación
Intercultural, arts. 2 y 4
(principios de inclusión y
no discrimina
ción); Ley
Orgánica de Movilidad
Humana, Art. 52
Agilizar procesos de
validación académica
y ampliar cobertura
educativa
Programas de in-
tegración socio-
económica
Iniciativas orien-
tadas a la inclu-
sión laboral y so-
cial de migrantes
Promueven la inser-
ción social y econó-
mica
Alta informali-
dad laboral,
discriminación
y falta de opor-
tunidades
reales
Constitución del Ecuador,
Art.
33 (derecho al
trabajo) y Art. 66.4
(igualdad); Có
digo del
Trabajo; Ley Orgánica de
Movilidad Humana, arts.
9 y 52 (igual
dad de
derechos y no dis-
criminación)
Diseñar programas de
empleo inclusivo y
combatir la discrimi-
nación laboral
Control migrato-
rio y seguridad
Medidas de con-
trol fronterizo y
regulación del
ingreso al país
Ordenamiento del
flujo migratorio
Enfoque res-
trictivo que
puede vulnerar
derechos hu-
manos y limi-
tar el acceso a
protección
Constitución del Ecuador,
Art. 392 (movilidad hu-
mana); Ley Orgánica de
Movilidad Humana, arts.
3 y 4 (principios de movi-
lidad humana y seguri-
dad)
Equilibrar control mi-
gratorio con enfoque
de derechos humanos
Cooperación in-
ternacional
Apoyo de orga-
nismos interna-
cionales en asis-
tencia humanita-
ria y técnica
Fortalecimiento de ca-
pacidades institucio-
nales y atención a po-
blación vulnerable
Dependencia
de financia-
miento externo
y falta de soste-
nibilidad
Constitución del Ecuador,
Art. 417 (prevalencia de
tratados internacionales);
Convención Americana
sobre Derechos Humanos;
Naciones Unidas (1951);
Ley Orgánica de Movili-
dad Humana, Art. 8
(cooperación internacio-
nal)
Promover políticas
sostenibles y fortalecer
la autonomía institu-
cional
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Vol. 5 N° 1, enero-junio 2026 (870-883)
ISSN: 2960-8317
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En relación con los procesos de regularización migratoria, se identifican avances en la
implementación de mecanismos como visas humanitarias y amnistías, los cuales han facilitado el
acceso a la legalidad y a servicios básicos. Sin embargo, persisten limitaciones asociadas a requisitos
restrictivos, costos elevados y dificultades administrativas, lo que restringe su alcance efectivo.
En el ámbito del acceso a servicios básicos, las políticas de salud y educación han permitido la
inclusión formal de la población migrante sin discriminación, especialmente en atención de
emergencia y educación básica. No obstante, se observan problemas estructurales como la saturación
del sistema, la falta de recursos y barreras administrativas, así como dificultades en la homologación
de estudios y disponibilidad de cupos.
Por otra parte, los programas de integración socioeconómica han buscado promover la inserción
laboral y social de la población migrante. Sin embargo, su impacto se ve limitado por la persistencia
de la informalidad laboral, la discriminación y la escasez de oportunidades reales, lo que dificulta la
consolidación de procesos de inclusión sostenibles.
En cuanto a las políticas de control migratorio, si bien contribuyen al ordenamiento del flujo
migratorio, se evidencia un enfoque predominantemente restrictivo, que en algunos casos prioriza la
seguridad sobre la protección de derechos humanos. Esta situación puede limitar el acceso a
mecanismos de protección, especialmente para personas en condición migratoria irregular.
Asimismo, la cooperación internacional ha desempeñado un papel relevante en el fortalecimiento
de capacidades institucionales y en la atención a población vulnerable. No obstante, se identifican
limitaciones relacionadas con la dependencia de financiamiento externo y la falta de sostenibilidad a
largo plazo, lo que condiciona la continuidad de las intervenciones.
En relación con el nivel de aplicación de estas políticas, se observa que, aunque han sido diseñadas
bajo un enfoque de derechos humanos, su implementación presenta desigualdades significativas y un
desarrollo parcial, lo que limita su impacto efectivo en las condiciones de vida de la población
migrante.
Desde una perspectiva estructural, los resultados evidencian que las principales limitaciones se
concentran en la insuficiencia de recursos institucionales, la burocracia administrativa y la débil
articulación interinstitucional. A estos factores se suman barreras persistentes como la discriminación
y la informalidad laboral, que afectan directamente la operatividad de las políticas públicas.
En cuanto al impacto en la inclusión social y el acceso a derechos fundamentales, si bien se registran
avances en áreas como salud, educación y regularización, estos resultan insuficientes frente a la
magnitud del fenómeno migratorio. La inclusión alcanzada es parcial y desigual, afectando
principalmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, los resultados responden al objetivo del estudio al evidenciar las brechas existentes
entre el marco normativo y su aplicación práctica, particularmente en la implementación de políticas
públicas orientadas a la garantía de derechos. La información analizada demuestra que el alcance de
estas políticas no logra cubrir de manera integral las necesidades de la población migrante.
En síntesis, aunque el Estado ecuatoriano cuenta con un marco normativo sólido y ha implementado
diversas políticas para garantizar los derechos de la población migrante, su efectividad continúa siendo
limitada. Esta situación se relaciona con problemas estructurales en su aplicación y con barreras
institucionales y sociales que dificultan una inclusión plena y sostenida.
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4. Discusión
Los resultados del presente estudio evidencian una marcada brecha entre el reconocimiento normativo
de los derechos humanos de las personas migrantes y su garantía efectiva en la práctica. Este hallazgo
se interpreta como una manifestación de las limitaciones estructurales del Estado para traducir el
marco jurídico en resultados concretos, lo que refuerza la pertinencia del objetivo planteado. Este
resultado coincide con lo señalado por Mejía-Macías (2023), quien sostiene que la crisis migratoria en
Ecuador refleja tensiones entre el incremento de los flujos migratorios y la capacidad estatal de
respuesta.
En este sentido, aunque el marco jurídico ecuatoriano se configura como garantista, su operatividad
se encuentra condicionada por factores institucionales, administrativos y financieros que limitan su
implementación efectiva. Desde la perspectiva normativa, los resultados confirman que Ecuador
cuenta con un sólido andamiaje jurídico alineado con los principios de universalidad, igualdad y no
discriminación.
Esto concuerda con lo planteado por Burbano et al. (2023) y Mejía-Macías et al. (2024), quienes
destacan la adopción de un enfoque de derechos humanos en la legislación migratoria ecuatoriana. Sin
embargo, en contraste con este enfoque, los hallazgos muestran que la irregularidad migratoria sigue
siendo un obstáculo central para el acceso a derechos, lo que evidencia una disociación entre el diseño
normativo y su aplicación práctica.
Este resultado respalda el planteamiento de Ortega-Pérez (2024), quien advierte que la condición
migratoria irregular limita el ejercicio efectivo de derechos y expone a las personas a mayores niveles
de vulnerabilidad. En términos analíticos, esto sugiere que la regularización migratoria constituye un
eje crítico para la garantía de derechos, lo cual no ha sido plenamente resuelto por las políticas actuales.
En relación con el acceso a derechos básicos, los resultados evidencian altos niveles de informalidad
laboral, dificultades en el acceso a servicios y condiciones de precariedad. Estos hallazgos coinciden
con lo expuesto por Núñez-Ribadeneyra (2023) y Miranda et al. (2025), quienes señalan que la inserción
laboral de la población migrante ocurre predominantemente en el sector informal.
A su vez, estos resultados se alinean con el enfoque de Cecchini y Martínez (2023), quienes sostienen
que el impacto positivo de la migración en el desarrollo depende de condiciones de inclusión efectiva.
No obstante, los resultados del estudio evidencian que dichas condiciones no se cumplen plenamente
en el contexto ecuatoriano, lo que limita el potencial de la migración como factor de desarrollo.
Asimismo, las barreras económicas y sociales identificadas, como la discriminación, la xenofobia y
la exclusión en el acceso a vivienda, salud y educación, guardan coherencia con lo planteado por Célleri
(2023) y Vera (2025). Estos autores destacan que los discursos estigmatizantes y las dinámicas de
exclusión constituyen factores estructurales que limitan la integración de la población migrante.
En este contexto, los resultados también respaldan el análisis de González (2024), quien introduce
el concepto de “barreras cortafuegos” para explicar cómo el acceso a derechos se ve restringido por
mecanismos formales e informales. Estos mecanismos operan como filtros estructurales que
profundizan la desigualdad y perpetúan la exclusión social, incluso en presencia de marcos normativos
garantistas.
Por otro lado, en el ámbito de las políticas públicas, los resultados muestran avances parciales en
áreas como salud, educación y regularización migratoria. Este hallazgo coincide con lo señalado por
Jácome et al. (2024), quienes reconocen esfuerzos institucionales en la construcción de mecanismos de
protección.
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Sin embargo, la evidencia sugiere que dichos avances son insuficientes y carecen de sostenibilidad
estructural, lo que limita su impacto en la garantía efectiva de derechos. Este resultado se alinea con lo
expuesto por Calle et al. (2025), quienes argumentan que las políticas migratorias en Ecuador oscilan
entre enfoques de integración y control.
En este sentido, los hallazgos evidencian que el enfoque securitista presente en algunas políticas
migratorias limita su efectividad desde una perspectiva de derechos humanos. Esto coincide con el
planteamiento de Jarrin y Jarrin (2025), quienes señalan que existen contradicciones entre el carácter
garantista del marco constitucional y su aplicación práctica.
Asimismo, Maldonado (2024) advierte que los desafíos en materia de seguridad fronteriza influyen
en la adopción de medidas restrictivas. Estos resultados sugieren que la priorización de la seguridad
sobre los derechos humanos genera tensiones que debilitan la coherencia de la política migratoria,
afectando directamente a la población migrante.
Finalmente, los resultados permiten afirmar que la crisis migratoria en Ecuador no solo responde a
factores externos, como las crisis en los países de origen, sino también a limitaciones internas
relacionadas con la capacidad institucional y la gestión de políticas públicas. Este planteamiento es
consistente con lo expuesto por Rodríguez-Tarira et al. (2024).
De este modo, se concluye que la garantía efectiva de los derechos humanos en contextos de
movilidad humana requiere no solo un marco normativo adecuado, sino también una implementación
eficiente, articulada y sostenible, capaz de reducir las brechas identificadas entre la norma y su
aplicación práctica.
5. Conclusiones
El análisis del marco normativo nacional e internacional evidencia que Ecuador dispone de un sistema
jurídico amplio y garantista en materia de derechos humanos de las personas migrantes, sustentado
en los principios de igualdad, no discriminación y ciudadanía universal, en coherencia con los
estándares internacionales vigentes.
No obstante, se evidencia una efectividad limitada en su implementación, lo que genera una brecha
entre el reconocimiento formal de derechos y su cumplimiento en la práctica. Esta situación pone de
manifiesto que la existencia de normas progresistas no resulta suficiente sin mecanismos eficaces de
aplicación y control institucional.
Las principales barreras que enfrentan las personas migrantes para el acceso efectivo a sus derechos
fundamentales son de carácter estructural y se manifiestan de manera interrelacionada en dimensiones
legales, económicas y sociales.
La irregularidad migratoria, la informalidad laboral, la precariedad económica y la discriminación
no solo restringen el ejercicio pleno de derechos, sino que además profundizan las condiciones de
vulnerabilidad y exclusión social de esta población. En este sentido, se concluye que dichas barreras
configuran un sistema de desigualdad persistente que limita la integración efectiva de las personas
migrantes.
Las políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano presentan avances en áreas como
regularización, salud y educación; sin embargo, su alcance e impacto resultan insuficientes frente a la
magnitud y complejidad del fenómeno migratorio. La existencia de debilidades en su implementación,
como la insuficiencia de recursos, la burocracia y la falta de articulación institucional, limita su
efectividad y sostenibilidad en el tiempo.
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En consecuencia, se concluye que es necesario fortalecer la capacidad institucional, promover una
mayor coordinación intersectorial y consolidar un enfoque integral basado en derechos humanos, que
permita garantizar una inclusión real, digna y sostenible de la población migrante.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Marcia Lisbeth Verdugo Arcos: Conceptualización, metodología, software, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, recursos.
Katherin Fernanda Bayas Chicaiza: Conceptualización, metodología, análisis formal, investigación,
gestión de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
financiamiento, recursos.
Freddy Patricio Morales-Alarcón: Conceptualización, validación, análisis formal, investigación,
gestión de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
